La diputada Nineth Montenegro criticó ayer la lentitud del Ministerio Público en las investigaciones sobre el desvío millonario de los 82.8 millones de quetzales que fueron a parar a una casa de bolsa donde el dinero se «desvaneció» sin que nadie sepa cómo ni hacia dónde se movieron esos recursos ni, mucho menos, en el bolsillo de quien terminaron. Porque es un hecho cierto que el dinero no se perdió en el manejo de la bolsa con la compra de bienes en el mercado de futuros, puesto que ninguno de los bienes cotizados llegó a tener un colapso de tal magnitud.
El meollo del asunto está en que el dinero se lo robó alguien porque no se invirtió en el mercado de bienes futuros. Y si fuera cierto lo que ahora se dice, en el sentido de que el señor Raúl Girón no tiene ni para pagar su abogado, pues obviamente urge establecer quién fue el vivo que se quedó con todo y eso tiene que ser resultado de una investigación del Ministerio Público.
El caso es que el Estado no puede quedarse de brazos cruzados con la resignación que ahora parece tener todo el estamento público, dejando que el asunto se finiquite con la pérdida definitiva de los recursos. Esos 82.8 millones de quetzales se los robó alguien y además de aplicar la ley penal para sanción de los responsables, hay que deducir la responsabilidad civil correspondiente a los que estuvieron implicados.
No puede ser que simplemente un tipo como Meyer pueda atrasar eternamente la aplicación de la justicia por la complicidad de los magistrados de la Corte Suprema y que, además, si llegara a ser condenado apenas con el pago de menos de diez mil quetzales entre multas y condonación de la pena, pueda recobrar su libertad tranquilamente. Es justo y necesario, como se dice, que además se le exija la responsabilidad civil porque él era el custodio legal de ese dinero y si se perdió por su culpa, deberá responder con sus propios bienes antes de que los termine de trasladar en simulación de negocios a nombre de parientes y testaferros.
Es que ya es tiempo de que en Guatemala alguien se haga responsable de los hechos delictivos y que no quede todo para el archivo de los casos no resueltos. Quien legalmente tiene la responsabilidad de velar por la administración de fondos públicos, debe responder por ellos en el caso de que alguien o él mismo haga mal uso de los bienes del Estado. Ese precedente urge y nada mejor que empezar con el Congreso, donde desde Meyer hasta el último de los diputados deben responder civilmente por el descuido en el manejo de 82.8 millones de quetzales propiedad del pueblo de Guatemala.