Algunas de las armas que terminan en manos de paramilitares colombianos o forman parte del arsenal en las guerras de Medio Oriente y ífrica pasan por tierras guatemaltecas. í‰ste paí­s constituye un canal para el tráfico de instrumentos bélicos.

Un informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentado la semana pasada, destacó su preocupación por dicho problema, así­ como por el clima grotesco a consecuencia del mismo.

Carlos Castresana, director de la CICIG, solicitó al Congreso la pronta aprobación de la Ley de Armas y Municiones, cuya redacción final está pendiente en el Organismo Legislativo, y que busca limitar su uso, ya que en este paí­s cualquier ciudadano puede tenerlas y portarlas libremente, manifestó.

Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos (CIIDH), indicó la necesidad de legislar para producir un proceso de despistolización, lo que significarí­a la reducción de armas y municiones que circulan en el paí­s.

«Las estadí­sticas demuestran que, efectivamente, existe más de un millón de armas sin licencia en el paí­s y una cantidad de municiones sin medida, que forma parte, sin duda, de la terrible violencia que afecta al paí­s», dijo Santos.

Según el representante de la CIIDH, Guatemala forma parte de los lugares en donde mayor número de homicidios se suscitan, es por ello que se debe exigir una ley que norme la cantidad de armamento y sus respectivas municiones.

A decir de esta institución, el Ministerio de Gobernación es quien debe controlar y el Departamento de Control de Armas y Municiones (Decam) y no el Ministerio de Defensa, esto en alusión al proyecto de ley que se discute en el Congreso.

Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), coincidió con Santos, destacó que la cartera de Gobernación es quien debe administrar el Decam, ya que si este papel lo asume el Ministerio de Defensa se corren ciertos riesgos.

«Los archivos de civiles deben estar en manos de civiles, no en manos de militares, por los grados de secretismo en el Ministerio de la Defensa», dijo De León Escribano.

Por otro lado, la representante de Iepades manifestó que en Guatemala no existe exportación de armas, tan sólo las municiones que el Ministerio de Defensa enví­a a El Salvador y México través de la fábrica de municiones.

«Guatemala no es productor de armas, solamente es importador y consumidor de otros paí­ses», destacó.

La profesional señaló la importancia del Estado para velar a qué manos van a parar las armas, ya que cuando las personas se ven amenazadas por la inseguridad, utilizan no una, sino varias; sin embargo, esto deberí­a reducirse a una por persona.

«Nosotros no entendemos cómo si Estados Unidos admite por ejemplo novecientas municiones al año para una persona que registra un arma, por qué nosotros permitimos dos mil», dijo. Además añadió que esto permite el incremento de violencia.

La integrante del Instituto también manifestó su preocupación por la proliferación de armas. Actualmente hay más desorden en el control de dichos artefactos que en la época del conflicto armado interno, añadió.

Alrededor de 16 personas mueren diariamente, un buen porcentaje a consecuencia de impactos de bala.

Según fuentes oficiales, más de 50 millones de balas se emplean anualmente en el paí­s, el doble de las utilizadas durante el conflicto armado interno que vivió Guatemala durante 36 años (1960-1996).

Pablo Castillo, vocero de la Policí­a Nacional Civil, indicó que el precio de una bala oscila entre los Q2.50 y Q6.00, dependiendo del tipo de arma y calibre. Ello implicarí­a una gran inversión, especialmente si se utilizan 50 millones anualmente.

De acuerdo con analistas, los gobiernos más afectados por el clima violento fueron los de í“scar Berger con 21,544 homicidios en los cuatro años de administración, le sigue el de Alfonso Portillo con 14,200 y el de ílvaro Arzú con 13,400, la situación empeoró por las polí­ticas de limpieza social y ejecución extrajudicial en el perí­odo de Berger; y el del actual gobierno.

Mientras tanto, en el Congreso de la República el Ministerio de Gobernación y la Cartera de Defensa disputan el control del Decam.

A criterio de algunas organizaciones, es la cartera del Interior quien debe administrar dicho ente. El Mingob argumenta que la dirección del mismo le corresponde, porque aparte de estar plasmado en los Acuerdos de Paz, tienen toda la buena intención de hacerlo.

Por otro lado, algunos representantes de la Comisión de Gobernación del Congreso señalan que el Mingob todaví­a «no pasa el examen» para controlar las armas que ingresan al paí­s.