Desde hace varias semanas existe una tensa situación política en Bolivia como consecuencia de una conspiración de grupos de extrema derecha, especialmente terratenientes que cuentan con el apoyo de poderosos sectores extranjeros.
La actitud desafiante de los opositores encabezados por algunos de los prefectos o gobernadores, ha dejado un saldo de muertos y heridos, agudizando la crisis política al grado que el gobierno democrático que preside el líder indígena Evo Morales se vio obligado a establecer el estado de Sitio.
Para ninguno es un secreto que la actitud revoltosa de los protagonistas de las protestas y manifestaciones en las calles de varios lugares de Bolivia es una reacción de quienes empiezan a perder sus privilegios y que cada vez se reducen, pero que al mismo tiempo cada vez son más violentos y radicales contra el proceso de cambio que se experimenta en este hermano país andino. Tales grupos encubren sus espurios intereses bajo la máscara de demandas autonomistas de las regiones más ricas del país más pobre de la América del Sur.
El pueblo boliviano por fin ha despertado de su letargo de muchos años en que estuvo sumido bajo gobiernos autoritarios y vendepatrias. No debe extrañar entonces la postura del actual presidente Evo Morales al promover la recuperación de los bienes y recursos del Estado para beneficio del pueblo. Sus principales medidas que han irritado a la oligarquía y a sus aliados en el exterior, son la nacionalización de los hidrocarburos, así como la Empresa de Telecomunicaciones que estaban bajo el control de empresas privadas extranjeras en condiciones muy desventajosas para la mayoría de la población.
Sin duda, la situación es muy compleja luego de la decisión del presidente Evo de declarar non grato al Embajador de Estados Unidos, ordenando su expulsión del territorio de este país sudamericano bajo el señalamiento de su injerencia en la trama en contra del gobierno de La Paz. La respuesta de EUA fue la expulsión del Embajador boliviano y la recomendación a los estadounidenses para que abandonen Bolivia.
Al mismo tiempo, en las últimas 24 horas se produjo la captura de uno de los prefectos opositores, el señor Leopoldo Fernández, de la provincia de Pando, acusado de tener responsabilidad en la muerte de 16 personas durante los deplorables sucesos de las últimas semanas.
Para la solución de la crisis boliviana, es indispensable el cese de la interferencia extranjera, que se respete el principio de la libre determinación de los pueblos y que sea el propio pueblo de Bolivia, el que en ejercicio de su soberanía, busque la solución más adecuada en busca de la paz y la concordia entre hermanos.