El magistrado Luis Fernández Molina, salió en defensa del Organismo Judicial (OJ), luego que el pasado lunes, Carlos Castresana jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dijera que el 93 por ciento de la impunidad se registra en el sistema de justicia.

A decir de Fernández el Organismo Judicial emite sentencias en el aspecto penal cuando se presentan pruebas fehacientes e incuestionables y no emite sentencias subjetivas.

Aunque la CICIG presentó un proyecto de reformas en materia de amparos, el Magistrado indicó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habí­a presentado anteriormente una ley de amparos al Congreso de la República, la cual fue leí­da en sus tres lecturas y se remitió a la Corte de Constitucionalidad (CC), posteriormente ésta le darí­a el visto bueno y retornarí­a al Congreso para ser aprobada.

«Uno de cada seis amparos se declaran con lugar, los restantes son amparos frí­volos, sobre todo en materia penal que tiene por objeto detener el proceso, poner obstáculos, trabucos al expediente», indicó el Magistrado.

El jurista indicó que necesitaban mayor coordinación con la entidad internacional, ya que la CICIG quizá no conocí­a la propuesta realizada por este organismo hace algún tiempo, y por eso también habí­a propuesto lo mismo.

Fernández añadió que el OJ también ha trabajado en un proyecto final de modificaciones en la ley de antejuicio.

El Magistrado señaló que para evitar este tipo de pronunciamientos era necesario que el ente internacional se acercara al OJ, puesto que es uno de los poderes del Estado, ya que el reporte anual presentado el lunes, demuestra la poca comunicación entre ambos.

Cuando Fernández fue cuestionado sobre si le molestaba la intervención de la CICIG en el trabajo de dicho Organismo, él respondió que no se trataba de eso, más bien por las declaraciones emitidas en contra de la CC.

El informe anual de la CICIG señaló que el funcionamiento de la Policí­a, el Ministerio Público y el sistema judicial en Guatemala era inoperante, asimismo se indicó que cuando se habla de corrupción se piensa en las entidades mencionadas.

«Los corruptos, en buena medida, son los abogados», destacó el informe, también se dijo que entre 2000 y 2007 ingresaron 4,215 denuncias contra jueces y magistrados, de las cuales sólo se resolvieron 28. A lo que Fernández respondió estar consciente de la corrupción en algunos de ellos, pero no en todos, ya que no se podí­a generalizar por un porcentaje.