No vaya a creerse que son acuerdos para lograr mecanismos más eficientes de control del financiamiento de los partidos o para obligarlos a ser más democráticos en su vida institucional. ¡Qué va! Pero cuando se trata aumentar el techo para los gastos de campaña y para incrementar de dos a tres dólares por voto la llamada deuda polí­tica que el Estado cubre a los partidos después de las elecciones, de manera diligente las distintas bancadas muestran una enorme disposición al consenso que ya quisiera uno que se diera cuando se tiene que discutir la legislación para sancionar a los polí­ticos pí­caros.

Ninguno de los partidos polí­ticos ha rendido cuentas de cómo han utilizado el dinero de la llamada deuda polí­tica que, teóricamente, debiera servir para la formación de cuadros y preparación de los afiliados en campañas de capacitación. Lejos de eso, se sabe que han servido para sufragar gastos personales de los dirigentes y en algunos casos, como el del FRG, los fondos públicos han servido para pagar a los abogados que tienen que defender a sus dirigentes en diversos procesos abiertos en su contra.

Es inaudito que en las condiciones actuales, cuando la población está literalmente hasta la coronilla de la clase polí­tica que se ha mostrado desmedidamente ambiciosa y preocupantemente corrupta, los partidos polí­ticos quieran servirse con la cuchara grande no sólo ampliando el margen de su financiamiento mediante la venta de conciencias a los sectores poderosos del paí­s que son quienes cada cuatro años llenan las arcas de los candidatos, sino que además pretendan que el Estado aumente el aporte que, como dije, no ha servido nunca para el fortalecimiento de un auténtico sistema de partidos polí­ticos, puesto que el afiliado ha sido y seguirá siendo un elemento de relleno dentro de la estructura partidaria.

Cualquiera pensarí­a que ante los escándalos protagonizados por figurones como Meyer y Morales, los polí­ticos tendrí­an elemental sentido de recato y tendrí­an que andar por lo menos por un tiempo con la cola entre las piernas pero está demostrado que el rubor no es caracterí­stica de quienes se autonombran dirigentes de la organización partidaria del paí­s. Lejos de sentir alguna vergí¼enza por lo que ha pasado y por el dinero del pueblo que se ha dilapidado en forma sucia y asquerosa, nos demuestran que su interés es únicamente el de seguir mamando y bebiendo leche y para ello se muestran unánimes en la intención de modificar la ley electoral y de partidos polí­ticos, pero no en busca de controles y mayor eficiencia democrática, sino de oportunidades para hacer mayores y más sucios negocios.

Y es ante estas evidencias que uno concluye que el sistema está absolutamente podrido hasta en sus cimientos y que difí­cil será encontrarle una salida porque la misma depende, lamentablemente, del voto favorable que tendrí­a que venir de quienes parecieran pedir a gritos que los depuren. Cada nuevo acto o gesto de la dirigencia polí­tica es albada sobre aparejo en la ratificación de que el sistema se agotó y que no hay salida a la vista.