La labor de velar porque se respeten los derechos individuales, económicos y ambientales en Guatemala representa riesgos para la vida de defensores de derechos humanos y sindicalistas, quienes constantemente sufren por amenazas y atentados.
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«Ahora sí los vamos a quebrar y a las mujeres las vamos a violar… cuídense HIJOS DE? por meterse con los jefes van a aparecer MUERTOS en el barranco», es el contenido de un mensaje de texto enviado hace cuatro meses al celular de un activista de derechos humanos, quien prefiere no publicar su nombre.
De igual forma, el defensor recibió otras amenazas por medio de correo electrónico y notas escritas aparecieron en el buzón de su casa, anunciando su muerte y la de sus compañeros de trabajo.
La situación se complicó más cuando las amenazas se extendieron al resto de su familia, que presuntamente había sido vigilada desde hacía ya varias semanas por sujetos desconocidos que pasaban ocasionalmente en automóviles con vidrios polarizados y sin placas de identificación.
Las amenazas y atentados se han convertido en parte de la rutina de varios defensores de derechos humanos, sindicalistas y ambientalistas que se han comprometido con su trabajo, sin embargo, esto no significa que las agresiones pasen desapercibidas, ya que varias han finalizado con el asesinato y atentado de los activistas.
Después de cambiar de casa, teléfonos, y de dejar su trabajo, el defensor consiguió liberarse del férreo hostigamiento del que había sido víctima durante más de dos meses.
Sin embargo, esto despertó sentimientos de enojo y frustración, ya que su labor en pro de los derechos laborales de sindicalistas había culminado. «No estoy conforme con la decisión pero tenía que pensar en la seguridad y en la de mi familia».
En crecimiento
Solo en el primer semestre del 2008, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) reportó 109 agresiones a defensores de derechos humanos, lo cual representa un incremento del 100%, en comparación con el semestre anterior.
«Varios movimientos sociales han buscado la ruta de la manifestación pacífica y la movilización social para mostrar la grave situación de los derechos económicos y sociales.
Como respuesta, durante los primeros seis meses del gobierno de Colom, ésta ha sido el endurecimiento de las políticas de criminalización», señala un extracto del Informe Preliminar de Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
Los registros de Udefegua dan cuenta que en mayo pasado se registraron 58 agresiones, lo que implica un aproximado de 2 agresiones diarias, «lo que se constituyó en el peor mes de los ocho años que se lleva el registro».
Las denuncias han sido expuestas con la Procuraduría de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, Ministerio Público e incluso algunas están acreditadas con expedientes abiertos, sin embargo las organizaciones de derechos humanos consideran que no se han realizado suficientes esfuerzos ni se han invertido los recursos necesarios para esclarecer los hechos.
«La respuesta de las autoridades deja mucho que desear», comenta la antropóloga Silvia Mena, señalando que las investigaciones de las denuncias no han sido atendidas con prontitud ni profundidad.
«La seguridad que se brinda a las víctimas es insuficiente y en muy pocas oportunidades se da seguimiento a los casos, al menos que sean contra personalidades destacadas de la sociedad», indica Mena.
Después de Guatemala, el departamento de Sacatepéquez es el más conflictivo del país, lo cual es afirmado por el secretario de la Paz, Orlando Blanco, quien sostiene que la existencia de grupos paramilitares en el lugar ha dejado una huella de violencia.
«Reconocemos que existe represión y ataques a varios grupos de la sociedad, incluidos algunos campesinos, por lo que consideramos vital la permanencia de las fuerzas de seguridad en ese lugar», declara el funcionario.
¿Responsables?
El origen de las amenazas y atentados no es difícil de identificar, refiere Mena, ya que al profundizar en las funciones de los activistas se reconoce qué intereses se están afectando.
«En el caso de los campesinos sabemos que son los hacendados los responsables de los ataques; en el caso de sindicalistas son los empresarios, y en el de los ambientalistas, señalamos a las empresas que atentan contra el medio ambiente», agrega.
Al respecto, Iduvina Hernández, del grupo Seguridad en Democracia, señala que las organizaciones pro derechos humanos también son objeto de investigación por grupos violentos.
Uno de los métodos que se utilizan para hostigar a los activistas, es la intervención de las comunicaciones telefónicas y electrónicas, que posteriormente tiene la consecuencia de las amenazas directas, señala Hernández.
«Nos mantenemos preocupados por los continuos ataques, amenazas y actos de intimidación contra defensores de derechos humanos en Guatemala», refiere una carta enviada por organizaciones estadounidenses al fiscal general, José Amílcar Velásquez Zárate.
En la misiva se presentan casos de alto impacto, como el «brutal asesinato» de tres jóvenes miembros de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ocurrido el pasado 11 de agosto en Amatitlán.
La semana pasada, el ambientalista Yuri Melini del Centro de Acción Legal Ambiental sufrió un atentado en el que recibió cuatro impactos de arma de fuego, cuando se disponía a asistir a una actividad del Parlamento Ambiental.
Más de 200 personas participaron ayer en una manifestación para rechazar las acciones en contra de los ambientalistas, y defensores del medio ambiente, quienes han denunciado ser víctimas de atentados y acoso telefónico.
En los últimos meses, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas y el Comité de Unidad Campesina han denunciado atentados en contra de colonos en la finca La Moca ubicada en Alta Verapaz, entre otras.