En los tres artículos anteriores me opuse a que se aprobara esa iniciativa de ley, presentada por el diputado Baldizón del partido oficial UNE. Fundé mi desacuerdo, primero porque los motivos expuestos en los cuatro Considerandos de la Iniciativa adolecían de errores jurídicos y porque las pretendidas inversiones a favor de las municipalidades en las que operasen actividades de explotación de hidrocarburos era insignificante y de dudosa ejecución y, además, porque la veintena de Fondos Sociales existentes, lejos de servir al incremento del gasto social que hiciera realidad el desarrollo han sido, al igual que los Fideicomisos, instrumentos para facilitar el latrocinio de recursos financieros del Estado y estimular la corrupción de funcionarios públicos.
Por fortuna para el pueblo de Guatemala, el Presidente de la República anunció en la última semana del mes pasado que ya no se discutiría en tercera lectura la tal iniciativa de ley. Motivo, por el que merece sincera felicitación. Pero, es censurable que no haya dicho por qué. La razón la daré en este escrito.
Como antecedente, traigo a la memoria de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos la infamia del ex presidente Oscar Berger, con ocasión del llamamiento que se había hecho al Gobierno, para que comprase acciones de una de las empresas transnacionales explotadoras de níquel, en la cual el Estado era dueño del 30%% del capital, y para conservar esa posición, debía invertir Q300 millones y se negó a hacerlo, y otra empresa transnacional lo hizo y, ahora, en la bolsa de valores de Canadá ese cúmulo de acciones tienen un valor de US $1,000 millones.
ílvaro Colmo, sin duda enterado de la peligrosísima y perniciosa añagaza encerrada en el Caballo de Troya dispuso la no aprobación de esa iniciativa de ley.
He aquí, la verdad,
Mediante Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros, No. 1086 del año 1984 se convocó a los interesados a presentar ofertas para la explotación de los yacimientos descubiertos por los pozos «Xan 1», «Yalpemech 1» y «San Diego 1», en Petén. Y el 29 de abril de 1985 se instaló el Comité de Recepción y Apertura de Plicas, habiéndose presentado las siguientes compañías: Peten Petrolium, S.A., Hispánica de Petróleos, S. A., (Hispanoil) y Basic Resources International (Bahamas Limited), en forma conjunta y American Gas Trading Company of Guatemala.
Se aceptó la oferta de las dos compañías que se presentaron en forma conjunta. Y el 5 de agosto de 1985, ante los oficios del Notario Alfonso Brañas, se firmó la escritura del contrato de explotación, por 25 años, o sea que vencerá en agosto del 2010. Contrato, que en su cláusula Décimasexta establece:
«16.2. La maquinaria, equipo, instalaciones y otros bienes muebles e inmuebles adquiridos por el contratista y que se relacionen con el área del contrato (…) pasarán a la terminación del contrato por cualquier causa y en cualquier momento que esto ocurra, a propiedad del Estado, SIN COSTO ALGUNO (las mayúsculas son del autor de este artículo) en el estado que los importó, adquirió o construyó, salvo los desperfectos inherentes al uso normal y prudente de los mismos».
Pues bien, el diputado Baldizón estaba obligado a conocer esa cláusula y, a pesar de ello, en la iniciativa de ley del Fondo de Petróleo, artículo 3. Sostenibilidad del Fondo, incluyó un párrafo que facultaba al Estado a «prorrogar los contratos de operaciones existentes, por una única vez, por los plazos establecidos en la ley (…) O sea que liberaba a las compañías Basic Resources International (Bahamas) e Hispánica de Petróleos S.A, (Hispanoil) de su obligación de pasar todos los bienes del Contratista al Estado, dentro de dos años, sino hasta dentro de un cuarto de siglo.
Gracias a la decisión del presidente Colom eso se evitará. Y siendo de Guatemala los yacimientos de hidrocarburos y, en agosto del 2010, la maquinaria y todos los activos de las empresas mencionadas, a mi juicio el Estado debe asumir la responsabilidad de continuar la explotación del petróleo de esas áreas como propietario absoluto, aunque la política neoliberal prevaleciente se resista a hacerlo. En ese caso, podría planteársele al Contratista que continúe como agente técnico de las operaciones de explotación, teniendo el Estado de Guatemala el 80%% de las utilidades, y las compañías transnacionales, el 20%%