Es conocido por todos que adoptar un niño se da por no tener hijos o por deseos de ayudar a un menor sin padres, pero en Guatemala resulta paradójico, puesto que las madres biológicas lo hacen por encontrarse en situaciones económicas desesperadas, o son arrebatadas de sus hijos por mafias que se dedican a este negocio ilí­cito. Recientemente, la Procuradurí­a General de la Nación denunció que existen más de mil casos de adopción de menores que se tramitan de forma anómala. Lamentable, porque ya existe una Ley de Adopciones y un Consejo para verificar y transparentar estos hechos.

Esta situación indica que los niños siguen sin la protección del Estado, ya que como resultado de los allanamientos a casas particulares realizadas por la Policí­a Nacional Civil y la Procuradurí­a General de la Nación se han encontrado menores en procesos de adopciones ilí­citas y muchos son utilizados para el tráfico de órganos.

El proceso de revisión de adopciones que se realiza actualmente en Guatemala es un importante paso para proteger a los niños en el paí­s, pero debe cumplirse la ley y no deben ser mecanismos legales que posibiliten la sustracción de menores. Anteriormente, se permití­an negociaciones privadas que facilitaban procesos anómalos de adopción, donde las personas que acudí­an a declarar a los juzgados no eran los verdaderos padres y los expedientes fueron falsificados.

Durante los últimos años se conocen alarmantes cifras de denuncias de niños robados en las calles y hasta en los hospitales, por lo que es urgente que la Fiscalí­a de Adopciones del Ministerio Público investigue estos hechos indebidos y así­ combatir el crimen organizado que los promueve. Asimismo, fiscalizar a notarios y médicos que ratifican este comercio en detrimento de la sociedad.

Según la Oficina Nacional de UNICEF, «Guatemala es el primer paí­s emisor de adopciones internacionales per cápita y que cada adopción tiene un costo promedio de 40 mil a 50 mil dólares por cada infante». Este primer lugar es escandaloso, pero debemos reconocer que es consecuencia de la pobreza rural, la mortalidad materna e infantil, que han obligado a muchas familias a optar por dar en adopción a sus hijos biológicos.

Las adopciones no deben convertirse en la acumulación de riquezas económicas a favor de personas o grupos organizados. Debe cumplirse la ley y erradicar los mecanismos fraudulentos de agenciarse millones de dólares. Resultado de ello, hay personas que afanan ser diputados o activistas a favor de la nación, pero a la larga se postulan a altos cargos de la administración pública para cumplir sus ambiciones.

No me opongo a las adopciones, sino a los trámites que se siguen utilizando para engañar a las madres biológicas y el despojo violento de niños. Es importante cumplir con los valores éticos, morales y la ley para no prestarse a los intereses personales y de grandes corporaciones que se han constituido para trámites. No me extraña que anualmente se compren vehí­culos lujosos, inmuebles y otros bienes para lavar el dinero de las adopciones ilegales.