Mal con ellos y peor sin ellos, tituló su columna periodística Gustavo Porras Castejón. Ex Secretario Privado de la Presidencia y hoy analista político, quien reflexiona sobre la intención de algunos sectores por impulsar un proceso de depuración de los actuales diputados.
El ex signatario de los Acuerdos de Paz analiza la problemática generada en el Organismo Legislativo y señala que en determinado momento podría peligrar la institucionalidad del país.
«Si en nuestro país se cuestiona la institucionalidad puede ser el comienzo del fin, implicaría llegar a una situación como se dio en Bolivia, donde toda la institucionalidad pública quedó desfondada. Creo que no se resuelven las cosas quitando a unos y poniendo a otros. Además pregunto, ¿a quiénes?, cuestionó.
El asesor político del Instituto Holandés, llamó la atención a aquellos sectores que propugnan por la depuración a analizar la situación, toda vez que se pone el peligro de la institucionalidad.
Desde la reapertura democrática se ha luchado por defender la institucionalidad del país y en ese sentido hasta la comunidad internacional ha contribuido al sostenimiento y fortalecimiento del sistema, sin embargo, en 1993 el entonces presidente de la República, Jorge Antonio Serrano Elías, al provocar el autogolpe de Estado, depuró el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia.
«Hoy la situación es diferente a lo que ocurrió en los años noventa. El autogolpe de Serrano dio como resultado la creación de una convergencia social política que no se había dado y que se expresó en la Instancia Nacional de Consenso. Esa Instancia tuvo en su momento legitimidad y un grado de representativas que nadie tiene hoy», resaltó.
Gustavo Porras preguntó quiénes plantean la depuración al tiempo de señalar que las reformas a la Ley Orgánica del Legislativo, con las cuales se da inicio a una política de prestigiar a ese organismo, es el camino para fortalecer la institucionalidad y el sistema democrático. Creo que los diputados no deben atenerse a que cuando se componga lo institucional todo quede perfecto, aunque se debe evitar llegar a extremos como el desvío de fondos y la contratación excesiva de personal que, incluso, afectaría negociaciones políticas», agregó.
Según el analista, a lo interno del Organismo Legislativo se impulsan reformas con el fin de transparentar la administración, separando lo político de lo administrativo; sin embargo, hay grupos parlamentarios que se han mantenido indiferentes, creyendo que al asumir la conducción del Parlamento perderían poder. «Los diputados deben salvar la institución y después, si quieren, pueden seguir peleando», concluyó.
Depuración del Congreso sólo puede plantearse modificando la Constitución
El Congreso de la República ha sido, durante décadas, el blanco de algunos grupos políticos y sociales que, a su manera, pretenden revocar el mandato de los diputados constitucionalmente electos para un periodo de cuatro años.
La intención errónea de estos grupos, podría calificarse como una «bofetada» al proceso democrático y la institucionalidad que tanto ha costado construir, olvidándose que para actos de esta naturaleza debe prevalecer el imperio de la ley.
Coincidentemente, el ex Vicepresidente de la República, Juan Francisco Reyes López, al hacer algunas reflexiones explica que constitucionalmente no puede suspenderse el mandato que el mismo pueblo les otorgó mediante el sufragio universal.
Sin medir las consecuencias del daño moral, social y político que provoca la generalización de actitudes especialmente en el caso del Congreso de la República, vienen estos sectores a exigir lo que legalmente no se puede. «Â¿En qué se basan o cuál es la sustentación jurídica para tales exigencias si ni la propia Constitución lo establece? Interrogó el ex diputado Reyes López.
Desde hace muchos años, el Congreso de la República ha sido objeto de señalamientos fundados o infundados, pero en esencia «han sido grupos interesados que desearían cambiar a su manera y a su gusto los organismos del Estado y de preferencia el Organismo Legislativo, sin embargo dijo, NO SE PUEDE PORQUE NO ESTí CONTEMPLADO EN LA CARTA MAGNA», recalcó el entrevistado.
Según el licenciado Juan Francisco Reyes, desde hace mucho tiempo sectores de la sociedad y grupos de poder han mantenido una lucha constante, interesada en debilitar las estructuras del Estado bajo el argumento de la corrupción, eso no debe continuar si queremos mantener y fortalecer el Estado de Derecho.
«Como se ha dicho anteriormente, no podemos decir que todo es malo ni tampoco que todo es bueno, lo que debemos hacer es tener cuidado en no generalizar cuando se cometen algunos errores, eso es grave», resaltó.
Otro argumento que se esgrime y se critica a través de los medios de comunicación es la cantidad de asesores, asistentes y secretarias, «hay que ver que en los Estados Unidos, un diputado tiene a su alrededor a toda una organización, asesores, investigadores y administrativos, porque un leño solo no arde bien, mientras que aquí se pone el grito en el cielo con los que hay, sin embargo hay que decir que tampoco se manden, no hay que exagerar, por eso la reforma a la Ley Orgánica debe establecer los parámetros, de lo contrario se perjudicaría a sí mismo, explicó el ex parlamentario Reyes.
En la actualidad se ven los esfuerzos que llevan a cabo los miembros de la Junta Directiva del Legislativo por mejorar las políticas administrativas y legislativas, que ha llevado al actual presidente Arístides Crespo a impulsar una iniciativa para separar lo político de lo administrativo, estableciendo normas para optimizar los procedimientos. Según Reyes López, «esta iniciativa es buena y demuestra las intenciones de querer cambiar las cosas, ahora lo que se debe hacer es mejorarla para evitar que se sigan cometiendo errores», subrayó.
Otra medida que llevaría a recobrar la credibilidad del Congreso sería la aprobación de la Ley de Acceso a la Información, mediante la cual se lograría un significativo avance en el proceso democrático. «La información tanto la del sector público como la del sector privado debe estar disponible, salvo raras excepciones porque el mismo estado de derecho lo requiere, y un ejemplo, en Europa se publica la cantidad de impuestos que pagan los funcionarios y personas particulares. En esa dirección debe ir la Ley de Acceso a la información, enfatizó Reyes López.