La pérdida de los Q82.8 millones de los «ahorros» del Congreso de la República, los señalamientos que se han hecho contra varios diputados implicados en acciones irregulares, ha generado el descontento de diversos sectores de la población hacia los legisladores, a quienes incluso se les ha solicitado su renuncia y en algunos casos se menciona la posibilidad de impulsar un nuevo proceso de depuración, similar al de los años noventa.

Mientras un ex Rector de la Universidad de San Carlos se ha unido al movimiento para pedir la renuncia de los legisladores, el Decano de la Facultad de Derecho, Boanerges Mejí­a y la Directora de la Escuela de Ciencia Polí­tica, de esa casa de estudios superiores, Geidy de Mata, señalan que no es posible tales pretensiones sin un asidero legal y quienes lo plantean podrí­an actuar al margen de la ley.

A la pregunta de si el escándalo financiero en el Congreso de la República podrí­a ser una causal para promover la depuración de ese organismo, Mejí­a explicó que todos quisieran componer la situación de un solo «tajo»; sin embargo, dentro del marco jurí­dico no es posible. «Los tiempos han cambiado, los golpes de Estado han quedado atrás, cualquier acción que pudiera justificar o no la crisis en que está sumida la sociedad y sus instituciones habrí­a que hacerlas según los mecanismos establecidos, dijo. El profesional explicó que hoy se habla de depuración y acceso a la información como si estos fueran los únicos factores que resolverí­an el problema de la corrupción. No podemos decir que la Ley de Acceso a la Información y la depuración atacarí­an de raí­z el flagelo de la corrupción e inseguridad, hay que buscar otros factores», dijo.

Mientras tanto, De Mata explicó que la depuración no es un tema nuevo, pero cuando se aborda tiende a politizarse sin llegar a la esencia del asunto. «Aquí­ el problema no es la reducción, ni depuración de diputados sino la calidad y transparencia con que se manejen, pero fundamentalmente llevar a cabo una revisión de las polí­ticas públicas encaminadas a llevar el bien común para consolidar la democracia», dijo.

Mientras tanto, Mejí­a manifestó que la revocatoria del mandato no está prevista en el plano legal, pero sí­ existen mecanismos como el antejuicio para aquellos funcionarios que se les endilguen ilí­citos. Según el abogado, los movimientos pro depuración están politizados, situación que calificó de preocupante porque podrí­a afectar la institucionalidad y caerse en un grave retroceso de la incipiente democracia y Estado de Derecho.

Ante esa situación, la Directora de Ciencia Polí­tica plantea como fundamental generar procesos de cambio a partir de los partidos polí­ticos, que son los interlocutores de la sociedad. En Guatemala no serí­a difí­cil gobernar si cada uno de los partidos tuviese claridad de cuál es su rol y cuál es su función para alcanzar el bien común, lamentablemente el poder no es solamente polí­tico ya que hay otros factores que inciden en la toma de decisiones, dijo.

Al ser consultados respecto a cómo y porqué se justificarí­a una depuración, los profesionales coincidieron en señalar que primero debe verse que la situación tiene carácter polí­tico-partidista, saber que ya se trabaja en las siguientes elecciones, no sólo por los partidos vigentes sino también por otros sectores. El caso del Congreso tiene connotación de orden polí­tico, y lo delicado son las consecuencias negativas que causa, principalmente en aquellos que podrí­an reelegirse como candidatos, explicó.

De Mata resalta que la corrupción no radica exclusivamente en el Organismo Legislativo, ni es exclusivo en este periodo de gobierno, pero reclamó el hecho que la población no tenga oportunidad de efectuar una auditorí­a social y planteó la necesidad de impulsar procesos de cambios profundos en las polí­ticas administrativas, especialmente en la utilización de los recursos.

Debe aprobarse ley de acceso a la información

La Directora de la Escuela de Ciencia Polí­tica, planteó la necesidad de aprobar la Ley de Acceso a la Información para impulsar el fortalecimiento de la democracia, promover el debate público y generar una mayor participación en la toma de decisiones «Esto no es fácil porque significarí­a destruir estructuras de poder, estructuras acostumbradas a la compra de voluntades», resaltó.

«Creo que el problema es más profundo, depurar o reducir el número de diputados no resuelve la esencia del conflicto. Hay que fortalecer el sistema polí­tico, indagar por qué los partidos polí­ticos no cumplen su rol o cual es el desgaste de estas organizaciones porque hasta la fecha, en lugar de ampliar su poder cada dí­a lo reducen haciéndolos menos representativos y menos legí­timos porque satisfacen intereses de otros sectores».

Los profesionales plantearon a los diputados dar muestras claras de cumplir y hacer que se cumpla la ley, sujetarse a ella, dando muestras de que no haya injerencias, intermediación, ni tráfico de influencias.

En el tema de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos, donde se habla sobre la reducción de diputados, cabe la pregunta, ¿quienes deberán aprobar estas reformas?: Los diputados, pero muchos de ellos andan en búsqueda de la reelección, otros quieren ser alcaldes o presidentes. Ahí­ está el cí­rculo que no es virtuoso sino vicioso. Por más esfuerzos que se hagan para plantear los temas que transparenten los procesos no habrí­a eco y, ante ese entramado, no hay más remedio que acudir a la ética y la responsabilidad, agregó de Mata.