La semana pasada hicimos referencia, en este espacio, que los tiempos modernos están marcados por grandes retos, entre ellos la preocupación a favor de la vigencia de los derechos humanos. Sin duda, durante los últimos años ha habido logros importantes en materia de legislación de esos derechos, pero uno de los principales desafíos es la escasa capacidad de algunos Estados para garantizar su cumplimiento en la vida diaria.
Nuestro país ha ratificado los diferentes Tratados internacionales relacionados con el tema y también ha avanzado en la correspondiente normativa nacional. Es oportuno hacer referencia a que la actual Constitución Política de Guatemala promulgada el 31 de mayo de 1985 desde su preámbulo subraya la intención de constituir un sistema realmente democrático, en el que se respete la dignidad humana y se ponga en lugar preferente el respeto de los derechos humanos.
La libertad es un ideal humanista que aparece bien definido en la ley suprema de Guatemala, ya que todo el régimen se asienta sobre el reconocimiento de la primacía de la persona humana. Se considera a la libertad como la condición indispensable para el desarrollo integral de la persona humana, por lo que deben garantizársele todas las posibilidades de realización.
Todos los ideales contemplados en las normas constitucionales contrastan con la cruda realidad cotidiana, pues en cuanto a la vigencia del derecho a la vida, la integridad física y la seguridad, en Guatemala persiste un rezago muy significativo que se manifiesta en un asombroso porcentaje de violaciones a los derechos humanos que el Estado no ha sido capaz de controlar.
Uno de los fenómenos que más ha debilitado la capacidad del Estado de Guatemala para garantizar y proteger los derechos humanos es la tendencia de los partidarios de la privatización como el alcalde ílvaro Arzú, para disminuir su tamaño a efecto que los particulares asuman algunas de sus funciones, por ejemplo la prestación de servicios estratégicos como las telecomunicaciones, la electricidad, el correo y otros. Precisamente ayer martes, los vecinos de San Antonio Suchitepéquez realizaron una manifestación protestando por la decisión del Alcalde Municipal de privatizar el servicio del agua potable mediante la vía de la concesión a una empresa particular.
Indudablemente, la colonización de las instituciones públicas por parte de sectores privados agudiza la situación económica de los habitantes, pues lo que prevalece son los planes de lucro de esos sectores que con frecuencia representan intereses empresariales tanto extranjeros como locales. En este marco los perdedores son los pobres generando un Estado anémico y frágil.