A raíz de los señalamientos que se han hecho sobre los «beneficios» que obtienen las ONGs, a través de la asignación de proyectos financiados por el Gobierno, varias instancias que aglutinan a este sector proponen la creación de un código de ética, como un marco referencial de actuación.
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Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en Guatemala funcionan alrededor de dos mil organizaciones no gubernamentales; sin embargo, no existe un registro certero que determine con exactitud cuántas de ellas están activas, su ubicación y detalles rigurosos sobre la forma en que operan.
Helmer Velásquez, director ejecutivo de la Coordinadora de ONGs y Cooperativas (Congcoop), tiene un registro de 300 instituciones, empero, apenas 22 de ellas forman parte de la agrupación.
Estas entidades son constantemente cuestionadas por la forma en que operan, ya que muchas de ellas, además de recibir fondos públicos cobran comisiones y subcontratan empresas.
Intermediarias
Actualmente, el artículo 21 de la Ley del Presupuesto vigente, habilita a los Consejos de Desarrollo para efectuar contratos con ONGs.
Estas instancias pueden actuar de dos maneras cuando tienen una relación financiera con el Estado: como intermediarias, las cuales pueden ser contratadas por las municipalidades, Consejos de Desarrollo o por cualquier ministerio; y las ejecutoras.
A criterio de Velásquez, en esta ley debería quedar establecida con claridad la prohibición para que éstas actúen como intermediarias.
«Quien fomenta la corrupción es el Estado, pero eso no quiere decir que muchas de las ONGs que participan en estos contratos sean unos angelitos», señaló.
Velásquez considera que la ejecución de proyectos a través de las ONGs -con fondos públicos-, la cual está legalmente estipulada en la Ley de Consejos de Desarrollo y en la Ley de Descentralización, debería permitirse únicamente si existiese un registro que las califique.
«Deberían estar clasificadas en los temas que quieren ejecutar, para que se verifique que hayan cumplido con la entrega de los estados financieros a la SAT, que tengan auditorías externas y que puedan comprobar los proyectos realizados», indicó.
Según Velásquez, este control debería estar a cargo de la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia (Segeplan) ya que ésta tiene la capacidad para tal efecto.
Los registros actuales de las ONGs se hace en el Ministerio de Economía, donde queda constancia de su constitución y datos generales de la misma. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tiene el registro fiscal y las que manejan fondos públicos son auditadas por la Contraloría de Cuentas de la Nación.
Las coordinaciones de ONGs también promueven la creación de un código de ética, que establezca principios básicos de trabajo de estas instancias, entre ellos: que éstas se sometan a la auditoría fiscal con la SAT, a la interna, de los donantes, y que los informes financieros sean de acceso al público.
También se comprometerían a que las ONGs que no efectúen asambleas generales anuales, que no cambian directiva, y que no posean cuerpos sociales, desaparezcan.