La Premio Nobel de la Paz 1992, la indígena Rigoberta Menchú, lamentó hoy que el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt quedara fuera de las órdenes de arresto con fines de extradición a España, que dictó una jueza contra seis ex funcionarios acusados de genocidio.
«Es una alegría que se ordene ejecutar los arrestos, una acción que se tenía que tomar desde antes, pero extraña mucho que se haya excluido a Ríos Montt, que es precisamente quien encabeza la lista» de demandados ante la Audiencia Nacional de España, indicó Menchú a radioemisoras locales.
«Me alegra mucho que esto ya empezó. Ha sido muy larga la espera, son muchos años esperando que se esclareciera el genocidio, el terrorismo de Estado, la tortura, la desaparición forzada que son los delitos que hemos imputado en la Audiencia Nacional de España», agregó.
Los cuatro militares y dos civiles, sobre los que se dictó orden de arresto, están acusados de participar en la masacre de la embajada de España en Guatemala, que fue incendiada el 31 de enero de 1980, cuando un grupo de indígenas reclamaba por el respeto a los derechos humanos. Treinta y nueve personas murieron quemadas, entre ellos varios diplomáticos españoles.
De acuerdo con Menchú, el hecho de que excluyeran a Ríos Montt «podría tener algunos rasgos políticos porque los jueces podrían no estar actuando en cuanto a derecho. No veo la razón de excluir a Ríos Montt».
La titular del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Morelia Ríos, anoche aceptó girar a pedido de la Audiencia Nacional Española la orden de captura contra el ex dictador Oscar Mejía (1983-1986), los generales íngel Guevara y Benedicto Lucas, así como el coronel (r) German Chupina.
Además incluyó a los civiles Pedro García Arredondo y Donaldo ílvarez.
Los jueces encargados de resolver la solicitud de España explicaron hoy que Ríos Montt se libró de la orden de captura debido a que no ocupaba un cargo público en enero de 1980 cuando se produjo el incendio de la Embajada.
Sin embargo, Menchú consideró que «sería una interpretación errónea en tanto que el tribunal constitucional en España dictó que se iba a juzgar en totalidad el genocidio en Guatemala y que los responsables anunciados en los documentos (de la denuncia) iban a ser incluidos todos».