La decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, de convocar para el 7 de diciembre un referendo para aprobar una reforma constitucional generó un fuerte rechazo en cinco departamentos del país, los que ya habían anunciado que no permitirían la consulta.
Morales convocó el jueves por la noche a ese referendo para aprobar un proyecto de Constitución -considerado ilegítimo por la oposición- que da un poder renovado a los indígenas, estatiza los recursos naturales, privilegia una reforma agraria y permite la reelección del presidente.
Un segundo referendo, en la misma fecha, debe fijar la extensión máxima de las propiedades privadas (5.000 ó 10.000 hectáreas), y la medida que sea aprobada será anexada a la Constitución. Esta iniciativa apunta de manera particular a las grandes extensiones agrícolas de Santa Cruz, el departamento que más oposición hace al mandatario.
Según la prensa boliviana, los prefectos y dirigentes cívicos de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando –los cinco departamentos bolivianos que resisten a Morales– se reunirán este viernes para discutir los pasos a seguir.
Pero ya desde el miércoles habían fijado su posición, al acordar en una reunión que no permitirían que el referendo se realice en sus territorios.
«Se ha llegado al acuerdo de que en caso de que el gobierno quiera imponer su ilegal referendo, los cinco departamentos no admitirán su realización en sus territorios», anunció el prefecto de Tarija, Mario Cossío, en nombre de todos los prefectos (gobernadores) rebeldes.
Tras la decisión del gobierno de convocar al referendo las protestas se hicieron oír casi de inmediato.
«Rechazamos las políticas que quiere imponer el gobierno a través de un decretazo», sentenció el jueves el secretario general de la prefectura de Santa Cruz, Rolando Aguilera.
El funcionario, brazo derecho del prefecto Rubén Costas -considerado el principal opositor de Morales-, señaló que la «población exige un acercamiento de paz y no una imposición a través de decretos».
Para Carlos Klinsky, diputado de Santa Cruz opositor al gobierno, «el decreto emitido por el presidente es ilegal, inconstitucional. En Santa Cruz no va a ser tomado en cuenta. Va a generar mucha violencia. Vamos a convocar a la movilización en general. Vamos a iniciar acciones legales y también acciones desde las calles».
Alberto Melgar, presidente del Comité Cívico del departamento amazónico Beni, señaló al diario paceño La Razón que «haremos un llamamiento a la desobediencia civil y al incumplimiento de ese decreto que irresponsablemente ha dictado el señor Morales».
Mientras tanto Patricia Galarza, vicepresidenta del Comité Cívico de Tarija, indicó que «hemos resuelto que los cinco departamentos no van a permitir que se realice este referéndum ilegal».
Según Wilson Bersatti, funcionario de la prefectura de Pando, «en caso de que el gobierno aprobase de manera ilegal su Constitución, acá en Pando no se la va a reconocer y, por lo tanto, en el departamento va a haber resistencia y desobediencia civil a esa Constitución».
El conflicto entre el gobierno y las regiones tiene otros dos puntos neurálgicos: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija aprobaron entre mayo y junio por referendo estatutos autonómicos que no son reconocidos por el gobierno, que los considera más bien secesionistas.
Igualmente hay una disputa porque el año pasado el gobierno recortó a las regiones unos 166 millones de dólares correspondiente a un impuesto del gas.
Esta semana hay bloqueos de rutas desde el lunes en las regiones opositoras en busca de que el gobierno regrese esos recursos a los departamentos.
Las regiones propusieron esta semana un diálogo a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iglesia Católica, pero dos intentos previos de acercamiento entre el presidente y las autoridades regionales fracasaron de manera estrepitosa.