El 30 de agosto se conmemora el Dí­a Internacional del Detenido desaparecido, apelativo que se emplea en América Latina para referirse a las ví­ctimas de desaparición forzada e involuntaria, por lo general opositores polí­ticos. Ese crimen lo cometieron los regí­menes militares autoritarios durante las décadas de 1970 y 1980. Es una violación a los Derechos Humanos, un crimen de lesa humanidad. Practicada en diversos paí­ses, tuvo su origen en el entrenamiento común recibido por los represores en la Escuela de las Américas, dependiente del gobierno de los Estados Unidos que funcionaba en Panamá. Oficiales de las fuerzas armadas latinoamericanas fueron entrenados en estas prácticas por sus pares estadounidenses.

El primer paso de este método era la captura de la ví­ctima por parte de agentes de seguridad, grupos encubiertos de policí­a secreta o de paramilitares que contaban con apoyo oficial. La detención ilegal y arbitraria de personas, revestí­a la apariencia y brutalidad de un secuestro. La ví­ctima era sometida a tratos crueles e inhumanos, a sesiones de tortura fí­sica y psicológica, mientras que los canales oficiales de información negaban a amigos y familiares tener conocimiento del paradero de la persona buscada. Finalmente, ésta era asesinada y su cadáver ocultado. El ocultamiento del cadáver contó en muchas ocasiones con el apoyo de aviones y helicópteros, desde donde los cuerpos eran lanzados al mar o en zonas inaccesibles.

Esto mismo ocurrió en Guatemala durante el conflicto armado interno; muchas de las ví­ctimas fueron a parar al Océano Pací­fico, otros lanzados al cráter del volcán de Pacaya o enterrados en cementerios clandestinos. Por ejemplo, cuando fui Asesor Jurí­dico de la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU, descubrimos un cementerio de ese tipo en el volcán Pacaya en mayo de 1972.

En el paí­s la desaparición masiva de personas ha significado largos años de angustia y sufrimiento para sus familiares. Esta situación llevó a los parientes a organizarse en demanda de información y de justicia, buscando castigo para los responsables. La desaparición de más de 45 mil personas -hombres, mujeres, jóvenes y niños-, originó la organización del Comité de Familiares de Desaparecidos (1972), Grupo de Apoyo Mutuo (1984), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (1990) y el grupo H.I.J.O.S. que desde su fundación libran valerosas batallas en contra de la impunidad. Hasta hoy, ningún responsable intelectual o material ha llegado a la justicia, al contrario, los verdugos siguen libres, la verdad se encubre y el tejido social guatemalteco continúa desgarrado.

Esta práctica tenebrosa obligó con el paso de los años y la caí­da de las dictaduras militares, a la creación en algunos paí­ses, de instancias oficiales para aclarar los hechos. Surgieron nuevas figuras de tipo penal que castigan la desaparición forzada y hay tratados y convenciones internacionales sobre el tema. Por cierto, me adhiero a exigir al Estado de Guatemala que suscriba y ratifique la Convención Internacional contra la desaparición forzada.

En Guatemala, hace mucho tiempo que debió crearse el sistema nacional de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la guerra, pero los poderes ocultos impiden que esto ocurra. No hay voluntad polí­tica, por eso la justicia no llega.

P.S. Mi homenaje a la memoria de las ví­ctimas, a las mujeres, esposas e hijos que luchan contra la impunidad. El ejemplo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, ha rendido frutos, algunos verdugos militares recibieron juicio y castigo, purgan condenas por sus crí­menes.