La nueva ley sobre migración, que el martes entró en vigor en Panamá en reemplazo de un Decreto Ley que databa de 1960, llega envuelta de polémica y de críticas por los numerosos afectados.
Carmen Torrealba, una colombiana que desde hace varios años vive y trabaja en Panamá, es una de los cientos de personas que han debido pasar estos días por Migración a regularizar sus papeles.
«Es injusto lo que en Panamá están haciendo con los extranjeros, cuando este país vive gracias a nosotros. Además, con los nuevos precios de las visas y las multas que uno tiene que pagar, lo poco que se gana trabajando se lo queda el Estado», dijo a la AFP Torrealba, que dice llevar varios días tomando pastillas para los nervios.
En la misma línea se manifestó la nicaragí¼ense Marta González, una empleada doméstica que en la actualidad está desempleada.
«Esta nueva ley nos perjudica enormemente. Nosotros venimos a trabajar y no a entregar el dinero que ganamos. Ahora pagamos 25 dólares al mes y con la nueva ley pagaremos 50. Así es muy difícil hacer nada», consideró en referencia a las multas que a partir de ahora se aplicarán a los inmigrantes que no tengan los papeles en regla.
«Aquí no puede venir un pobre. Aquí sólo permiten venir a los ricos para que inviertan y les construyan el país», condenó Belén Méndez, una beliceña quien dijo no haber conseguido regularizar su situación pese a llevar 14 años de casada con un panameño y tener dos hijas también panameñas.
En los últimos días, centenares de extranjeros se agolparon en Migración para poner en regla sus papeles con el fin de evitar pagar las nuevas multas o exponerse a ser deportados.
En ese sentido, el viceministro de Seguridad, Rodrigo Cigarruista, dijo que la legislación «permite tener una capacidad de control sobre el incremento de turistas e inversionistas, lo que no quiere decir que vayamos a corretear a las personas».
«Lo que queremos es que el que califique para venir a Panamá pueda hacerlo con toda libertad pero tiene que haber una metodología de control para que garanticemos la convivencia y la paz efectiva como hacen los países desarrollados», destacó.
Por su parte, María Luisa Olmos, presidenta de la Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados de Panamá, una organización social dedicada al trato con inmigrantes, explicó que a partir de ahora una empleada doméstica que quiera trabajar en el país deberá pagar 250 dólares por cambiar el tipo de visa con la que entró.
Asimismo, el empleador deberá depositar 500 dólares de garantía, además de pagar el seguro social, una póliza de vida y el correspondiente salario.
La Mesa Nacional de Migrantes también manifestó inquietud ante las eventuales persecuciones y deportaciones masivas, que obligarían a los afectados a esperar de 5 a 10 años para poder regresar a Panamá.
Con la nueva ley, los visitantes podrán permanecer por un máximo de 90 días como turistas o el tiempo por el que se les haya extendido la visa.
También se crean visas de «corta estancia para aquellos que requieran de más de 90 días por razones de negocios, familiares, para realizar investigaciones, por tratamiento médico o como comerciantes e inversionistas de leyes especiales», explicó a la AFP Tayra Barsallo, subdirectora de Migración.