Los ministros europeos de Trabajo buscaban hoy en Bruselas superar dos años de disputas sobre la controvertida cuestión de la legislación de la jornada laboral, que divide al bloque en dos campos con los británicos a favor de una mayor flexibilidad y los franceses insistiendo en la protección de los trabajadores.
La ministra finlandesa de Trabajo, Tarja Filatov, cuyo país ejerce la presidencia de la Unión Europea, insistió hoy en la «necesidad de una solución», amenazando con tirar la toalla en caso de fracaso en esta ronda de negociaciones.
«La reunión de hoy es la última oportunidad que tenemos de lograr un acuerdo», coincidió de su lado el comisario europeo de Trabajo, Vladimir Spidla.
Desde 2004, los Estados miembros de la UE están divididos en torno a esta ley que busca especificar el máximo de horas laborales y el modo en que las compañías pueden negociar con sus empleados para ir más allá del límite de 48 horas semanales.
En principio excepcionales, estas derogaciones individuales (denominadas «opt out») se utilizan en forma abusiva en el Reino Unido.
El texto busca definir exigencias mínimas a respetar por los Estados miembros sin cuestionar disposiciones nacionales más protectoras para los trabajadores.
La cuestión opone a dos campos, uno de ellos encabezado por Francia, y en el que están España e Italia, que quiere la supresión progresiva de esas derogaciones en nombre de la protección de los trabajadores.
El otro campo, liderado por Gran Bretaña, se niega a aceptar esa pretensión en nombre de la libertad de elección y la competitividad económica.
El compromiso propuesto por la presidencia finlandesa busca, gracias a otras formas de flexibilidad como la anualización de la jornada laboral, hacer menos atractivo el recurso al «opt out».
Al calcular esas 48 horas en un periodo de referencia de 12 meses, la anualización permite en teoría semanas de más de 70 horas.
Pero el país que opte por este sistema, deberá abandonar las derogaciones individuales.
Esto no modificaría la situación de los trabajadores que acepten firmar un «opt out», ya que el límite de 48 horas no los concierne.
En cambio, los empleadores tendrán menos flexibilidad con sus empleados que no acepten el «opt out» ya que no podrán anualizar su jornada laboral.
Para proteger a los trabajadores de ciertas presiones a la hora de ser contratados, la propuesta incluye que los empleados que acepten el «opt out» dispongan de un plazo de un mes para retractarse tras la firma del contrato.
Pero un acuerdo sobre esta propuesta aún estaba lejano, ya que Francia, España e Italia insisten en establecer un calendario para la desaparición progresiva del «opt out», ausente en la propuesta finlandesa.
Del otro lado, Gran Bretaña sigue «determinada a conservar su ’opt out’», insistió un diplomático británico. «El compromiso es un paso adelante, pero aún queda trabajo por hacer», agregó.
Pese a estas divergencias, los Estados miembros están bajo presión para llegar a un acuerdo el martes.
En efecto, esta revisión legislativa tiene otro gran objetivo en el cual están todos de acuerdo: corregir la jurisprudencia europea sobre el tiempo de guardia, por ejemplo en los hospitales.
Los jueces consideraron en varias ocasiones el conjunto de las guardias, incluyendo el tiempo de inactividad, como horario de trabajo, volviendo ilegales las disposiciones nacionales de 23 Estados miembros del bloque, bajo amenaza de procedimiento de infracción de parte de la Comisión Europea.