El Congreso prevé ir tras la acción legal para enfrentar la negativa de personeros del Banco Uno, quienes se excusaron para no rendir su informe sobre el paradero de los Q 82.8 millones propiedad del Estado, alegando defensa en la carta recibida, dijo el presidente Arístides Crespo.
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El titular del Organismo Legislativo enfatizó: «hacen defensa de ellos (Banco Uno), pero lo importante es que no tenemos por qué leer la defensa de ellos; que se vayan a defender a los tribunales o a donde exactamente corresponde»
Crespo apuntó que el artículo 4, párrafo 5o., de la Ley de Régimen Interior expresa que los particulares podrán ser citados a declarar al Congreso de la República, siempre que su presencia se requiera para tratar de asuntos relacionados con negocios del Estado, en ese caso está el Banco Uno, dijo.
Al interior del Banco Uno, esa institución se sigue respaldando en la Ley de Bancos, haciendo referencia que informes sobre movimientos bancarios, por ley no pueden hacerse públicos.
Es responsable
El diputado Eduardo Meyer, desde el día en que dejó reafirmada su renuncia como presidente del Organismo Legislativo, adelantó que el Banco Uno quedaba demandado por lavado de dinero, porque hasta el 5 de junio dieron parte a la IVE (Intendencia de Verificación Especial), que se había hecho ese traslado de Q82.8 millones.
La mayoría de bancadas también han enfocado su opinión sobre la responsabilidad del Banco Uno, que permitió hacer los traslados de cuantiosas sumas de dinero y posteriormente las transacciones a negocios en bolsa de valores, sin requerir mayores requisitos.
Desde el pasado 6 de agosto, esa entidad bancaria tiene parte de responsabilidad en los manejos millonarios, según lo que viene expresando Nineth Montenegro, que, como jefe de bloque, resaltó que los ejecutivos bancarios de Banco Uno tienen responsabilidad, y deben responder por qué aceptaron transacciones sin que aparecieran las dos firmas autorizadas de miembros de la Junta Directiva.
Los antecedentes han marcado movimientos aceptados por dicho banco, han opinado, y son denuncias de los parlamentarios, que Byron Sánchez Corzo, ex secretario privado de Eduardo Meyer y el director financiero del Congreso, José Conde, actuaron con libertad, facilidad y sin mayores requisitos ante entidades bancarias y financieras.
Alcanza lo anterior
Rubén Darío Morales también tiene responsabilidad de haber manejado Q16 millones en 2007; aunque el dinero retornó, el parlamentario sí recibió comisiones que están a la vista, destacó Nineth Montenegro.
El mismo secretario general del Partido Patriota, Otto Pérez Molina, ha afirmado haber recibido Q600, 000 de MDF. Sin embargo enfatiza, una y otra vez, que ese dinero no es producto de toda esta trama de negocios, sino por negocios particulares.
Hasta el cierre
En el Congreso, Arístides Crespo dio a conocer cómo ha transcurrido el escándalo financiero, que se ha centrado en denuncias y reclamos, sin que se haya conseguido recuperar un solo centavo de los Q82.8 millones; en la misma línea, José Amílcar Velásquez Zárate, Fiscal General, expuso que siguen las investigaciones.
Baudilio Portillo Merlos, Procurador General de la Nación, indicó que a la par del Ministerio Público está el apoyo legal en el proceso investigativo. Mientras Carlos Mencos, contralor de Cuentas, refería sobre la fiscalización de los fondos desaparecidos. Faltando el turno al Superintendente de Bancos, Edgar Barquín, el interventor de MDF.
En la última intervención, correspondería leer la carta enviada por los ausentes, representantes del Banco Uno y al titular del Registro de Mercados, Valores y Mercancías, del Ministerio de Economía, Héctor Eduardo Palacios, ante 130 diputados asistentes a la sesión donde se espera que las preguntas se respondan y respeten en el plano financiero y político, dijeron algunos legisladores.
Poco dinero
Raúl Falla Ovalle, interventor de MDF, antes de participar en el pleno, adelantó que solo existen US $68, 000 en la cuentas de esa entidad intervenida y que nunca han ingresado a las cuentas en el extranjero, pero se advierte que los fondos hallados en las cuentas nacionales, no alcanzan para cancelar a los inversionistas.
Si se diera la desintervención de las cuentas, apenas alcanzaría para saldar parte de deudas por funcionamiento que están exigiendo los arrendantes y los empleados por concepto de salarios, advirtió Falla.