Cerca de la cuarta parte de los bosques del paí­s se ubica en terrenos municipales.

De las 333 municipalidades, 153 poseen una oficina forestal que coordina con otras instituciones la protección de dichos espacios, empero, muchas de ellas carecen del recurso apropiado para cumplir su función.

Selvin Santizo, coordinador forestal de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) considera que las principales limitaciones para el adecuado funcionamiento de estos espacios, lo representan el poco fortalecimiento institucional de las oficinas y la poca asignación de recursos con que cuentan.

«No es que no estén funcionando bien, pero no se les está poniendo la atención que deberí­an», advirtió.

Las Oficinas Forestales Municipales (OFMs), trabajan en coordinación con los departamentos de íreas Protegidas y Medio Ambiente (DAPMAs), las Oficinas de Ambiente y Recursos Naturales (OARNs) y las Secciones de Agricultura y Recursos Naturales (SARNs), entre otras.

Empero, Santizo estima que otra de las restricciones con las que se topan las OFMs, es la centralización en la toma de decisiones, para la protección de los bosques comunales.

«Desde el punto de vista legal parece haber una contradicción, ya que si bien la Ley General de Descentralización orienta el proceso, la Ley Forestal inhibe de manera directa la transferencia de poderes de decisión hacia las municipalidades», refirió.

Pese a lo anterior, el representante de la Anam reconoce que ha habido logros como por ejemplo: los convenios de Consumos Familiares suscritos entre las corporaciones municipales y el Instituto Nacional de Bosques (Inab), que en total, constituyen nueve convenios.

Según Santizo, los bosques comunales y municipales en conjunto con las concesiones forestales de Petén, suman una superficie superior a 700,000 hectáreas. «La mayor extensión de bosques concesionados se concentra en Petén, mientras en el altiplano occidental se reúne el mayor número de bosques municipales y comunales», informó.