En la madrugada de este día, fuerzas de seguridad combinadas del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC), con uso excesivo de violencia, desalojaron a vendedores y comerciantes de los mercados uno, dos y tres de Coatepeque, en Quetzaltenango, que se niegan a una reubicación.
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El Comité de Unidad Campesina (CUC) denunció la injerencia de diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, del Partido Patriota y de la Gran Alianza Nacional, para que el gobernador departamental, el juez de asuntos municipales y el Ministerio Público, apoyaran la acción.
«A eso de las seis de la mañana, elementos de las fuerzas de seguridad gubernamental se hicieron presentes para desalojar con lujo de fuerza a vendedores y comerciantes a solicitud del alcalde municipal y bajo el amparo de diputados por el departamento de Quetzaltenango», dijo Aparicio López, del CUC.
De acuerdo con los denunciantes, durante la expulsión de los locatarios intervinieron aproximadamente dos mil agentes de la PNC y del Ejército, que dispararon bombas de gas lacrimógeno contra la población. Según los afectados «hay varios heridos y capturados y se suspendieron clases en el área urbana y rural».
Acciones represivas
A criterio del diputado por URNG-Maiz Héctor Nuila, estos hechos «violan los derechos fundamentales de la humanidad, así como lo establecido en los Acuerdos de Paz. (…) se rechaza de manera categórica la reinstalación de la represión como resolución de conflictos».
Por su parte, el CUC calificó el hecho como «una clara violación al derecho de la locomoción que pone en riesgo la integridad física de la ciudadanía. Solicitamos la inmediata intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos para que se vele por la seguridad física de la ciudadanía y el actual del MP».
Conflicto
El conflicto surge luego que se construyera un edificio para instalar un «metamercado», que alojará a los locatarios de los mercados uno, dos y tres de Coatepeque; empero los vendedores se rehúsan al cambio, ya que aseguran que serán perjudicados por el incremento en el precio del alquiler y el traslado de sus mercancías.
El alcalde municipal, Rolando Vega Pérez, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), anunció públicamente que esta tarde, a eso de las 14:00 horas, iniciaría con la demolición de la vieja infraestructura.
Los afectados afirman que el jefe edil pretende construir un centro comercial, para «tapar actos de corrupción».