Sandino Asturias Valenzuela

Centro de Estudios de Guatemala y CEESC

Situación de violencia

Guatemala vive sus peores años de violencia. Según la PNC, al 30 de junio del presente año han ocurrido 2882 muertes violentas, un promedio de 16 diarias, se ha incrementado el femicidio contra más de 331 mujeres, la proyección del año serán casi 700 mujeres asesinadas, cuando en el 2007 fueron asesinadas 590 y fue el í­ndice más alto en América Latina, a junio van asesinados 250 niños y niñas y el 82.4% de homicidios se cometen con armas de fuego.

La herencia del gobierno de í“scar Berger son 21,511 muertes violentas, para un promedio de 17 muertes diarias, la rearticulación de escuadrones de la muerte que realizan limpieza social y ejecuciones extrajudiciales elevó de manera significativa los niveles de violencia, para esto se necesita un sistema integrado de impunidad: el Ministerio Publico, con un 99% de impunidad en casos de delitos contra la vida.

El 82.4% de asesinatos se cometen con armas de fuego, hace 10 años eran del 40%, esto se debe entre otros factores a la permisividad de la legislación vigente y al incumplimiento de los Acuerdos de Paz, que plantearon hace 11 años la necesidad de regular el control de las armas y municiones, así­ como a las empresas privadas de seguridad.

La falta de visión estratégica y la ausencia de polí­ticas estatales de seguridad, condujeron a una visión represiva y reactiva de la seguridad, se decidió militarizar la seguridad ciudadana y operar bajo la lógica de estados de prevención, y la ausencia de planes preventivos, de investigación criminal y falta de profesionalización y carrera de las instituciones encargadas de seguridad.

Modelo de Estado

Los Acuerdos de Paz plantearon con claridad el modelo de Estado que se debiera impulsar, un Estado con instituciones fuertes, democrático, incluyente, pluricultural, multilingí¼e, con justicia social, con recursos suficientes para generar polí­ticas sociales y lograr un Estado de Bienestar. Sin embargo, se aplicó la lógica neoliberal: la privatización de los recursos del Estado, reducción y la implementación de un Estado débil, sin recursos, sin reforma fiscal.

En seguridad se dio de manera indirecta la privatización de la seguridad, no se desarrollaron verdaderamente las instituciones civiles de seguridad y esto deja un vací­o que llenan los armeros y los empresarios privados de seguridad, que ante la permisividad de la legislación, gracias a la influencia que tienen en el Congreso de la República, se amplí­a el negocio de la violencia, que ha generado unas ganancias millonarias a sus dueños.

Negocios de violencia

El negocio de la violencia prospera. En el 2007 se vendieron aproximadamente 50 millones de municiones legalmente, cuando en 1995 (último año de la guerra) se vendieron 21 millones, hay más requisitos para manejar un vehí­culo que un arma, el Estado perdió el control sobre las armas y municiones que se venden en el paí­s y esto tiene una estrecha relación con los indicadores de violencia.

De los 150 mil agentes de seguridad privada que existen, según el ex ministro de Gobernación, solo 30 mil tienen sus armas registradas en el Decam; la mitad de las empresas son ilegales, según la PNC hay 143 empresas privadas de seguridad legales, con 25,735 agentes y 24,133 armas reportadas. Existe una cámara de seguridad que reporta 60 mil empleos y ganancias anuales de 1,200 millones de quetzales.

Urge la aprobación de la Ley Servicios Privados de Seguridad, que regula y controla la legalidad y profesionalidad de los servicios privados de seguridad y la Ley de Control de Armas y Municiones, que restringe el uso de particulares a las armas y municiones y pasa el control al Ministerio de Gobernación.

La necesidad que pase al Ministerio de Gobernación el control de las armas y las municiones es fundamental, una parte importante de la prueba en investigación criminal se desarrolla a partir de la información que produce el registro de la huella balí­stica y el registro de las personas, esa función sólo la puede desarrollar el Ministerio de Gobernación, el Ejército tiene prohibiciones constitucionales, hay que modificar el mecanismo actual que contribuye a la impunidad y solo ayuda al negocio privado.

Las reformas a las leyes de Armas y Municiones y Servicios Privados de Seguridad y su implementación deben permitir al Estado cumplir con el mandato constitucional de dar seguridad y bienestar a los ciudadanos, combatir los negocios de la violencia, desarrollar planes de desarme y fortalecer una institucionalidad civil capaz de enfrentar la inseguridad ciudadana permitirá desarrollar una relación diferente entre el Estado y la Sociedad.