Para nadie es un secreto que la pérdida de valores en que se encuentra sumida la sociedad guatemalteca se refleja en la conducta inmoral, irresponsable y carente de ética de algunos funcionarios públicos y dignatarios de la nación (autoridades popularmente electas) que en lugar de servir se han servido de los puestos en detrimento de la institución que representan, pero también es justo reconocer que no todo está podrido, ya que existen prestigiosos y profesionales servidores públicos.

En esta edición, La Hora Polí­tica retoma un proyecto de ley, promovido en junio del 2007 por el diputado Mario Flores, justo un año antes que explotara el escándalo financiero, pero que entonces pasó inadvertido e incluso fue objeto de burla por algunos parlamentarios, principalmente de aquellos que se resisten a legislar reglas de conducta y de transparencia porque el dí­a de mañana puede ser usado en su contra, tal el caso del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública.

El primer secretario de la Junta Directiva, Roberto Alejos, uno de los fuertes aspirantes a ocupar la silla presidencial del Organismo Legislativo el próximo año, afirma que la ética no es un tema de leyes, sino de respeto asimismo y a los demás. «La ética deberí­a estar dentro de las personas desde su formación como hombres y mujeres y darle vergí¼enza cuando actúan mal o en contra de otras personas», sostiene el legislador del partido oficial.

Alejos fue parte de la Constituyente que redactó la actual Constitución Polí­tica y fue diputado en la primera legislatura de la llamada apertura democrática en 1986. En su opinión para revertir la mala imagen de la institución en estos momentos de crisis es ordenar por completo la casa y mantener una información fluida de adentro hacia afuera de lo que hace cada diputado y diputada.

En ese sentido, afirmó que lejos de aprobar leyes para «normar» la conducta del diputado se debe crear conciencia de lo que realmente se quiere hacer en beneficio de todos.

Más que normas éticas lo que urge es aplicar la ley

El analista polí­tico, Gustavo Berganza coincide con ese punto de vista. «Aprobar normas de ética y conducta de nada servirí­an cuando se evade la justicia y se alimenta la impunidad». «Aquí­ lo que importa es la conducta pública y no la moral descompuesta de un funcionario o diputado. El pueblo lo que exige es que sus intereses sean defendidos y que los trinqueteros les caiga todo el rigor de la ley», sostiene.

Sólo de esa manera, afirma Berganza, se van a componer las cosas sin necesidad de un Código de í‰tica, por lo tanto, «no debemos confundir la gimnasia con la magnesia, la conducta pública es la que está en juego y si es amoral en su quehacer polí­tico que lo metan al bote, que la justicia prevalezca, que no haya apañamiento y que los antejuicios prosperen, pero nunca juzguemos aspectos particulares porque a nadie le interesan».

La prensa debe tener acceso a las comisiones de trabajo

El diputado Alejandro Arévalo, de la Bancada Unionista, por su parte, sostiene que todos los instrumentos legales que vayan en función de mejorar el trabajo legislativo deben ser apoyados. El Código de í‰tica y la Ley de Acceso a la Información Pública, sumado a una profunda reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la República, que debe pasar por una separación real del trabajo polí­tico y administrativo y que la Junta Directiva sólo supervise, la elección por oposición del Director General y los otros cargos administrativos, es positivo.

En otros paí­ses la prensa está presente en las deliberaciones de las comisiones de trabajo, lo que permite que el pueblo y el electorado conozcan las posiciones que asumen sus representantes y cómo incide los proyectos de ley que promueven. «Igualmente tener acceso al manejo del presupuesto y cómo se administran las finanzas, anula las especulaciones de cualquier clase», sostiene el parlamentario.

Las sanciones deben ser drásticas

A su vez, la diputada Anabella de León, de la Bancada Patriota, ve más importante modificar la Ley Orgánica del Congreso para sancionar por ejemplo con descuentos a los faltistas a las sesiones plenarias y de comisiones. Habrí­a que aprovecharse el momento para legislar en ese sentido, agregó y cabalmente este miércoles su bloque presentó una iniciativa de ley para transparentar el manejo financiero del Organismo Legislativo.

Por último, su colega Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, dijo estar muy interesada en promover el represtigio del Congreso. Para ello presentarán un paquete de iniciativas que van desde un Código de í‰tica hasta reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. La intención es buscar la forma de recobrar la credibilidad del Congreso ante la población, señaló.

«Lamentablemente se encuentra divorciada la moral y ética con el quehacer polí­tico. Se ha conocido y se ha visto tanta descomposición, hechos lamentables y abyectos como la pérdida de los Q82.8 millones, entre otros casos, sin que el brazo de la justicia llegue a los malos guatemaltecos».

«Hay que poner controles desde los cargos de Junta Directiva hasta los diputados comunes y especialmente en lo que concierne al plano administrativo. Todos deberán entregar informes trimestrales al órgano máximo que es el Pleno. En tal sentido, las iniciativas que presentará antes de Septiembre contemplarán sanciones drásticas administrativas y hasta legales que prohibirí­an volver a elegirse como diputado».