El Estado venezolano posee a partir del martes más del 90% de la industria cementera nacional, después de que el presidente Hugo Chávez decretara la expropiación de la mexicana Cemex y se llegara a acuerdos amistosos con la francesa Lafarge y con la suiza Holcim.
«Se activa a partir de este momento un decreto de expropiación y la estabilidad laboral de los trabajadores está garantizada por el Estado venezolano (…) Más allá del interés comercial se impondrá el interés de los venezolanos», afirmó el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.
El gobierno pagó un total de 819 millones de dólares por el 89% del capital de Lafarge (267 millones de dólares) y el 85% de Holcim (552 millones), con las que se llegó a acuerdos amistosos.
Según Ramírez, el Estado venezolano pasa así a tener «cerca del 90% del control del mercado de cemento» nacional, cuya estatización se anunció el pasado abril.
En cuanto Chávez firme el decreto de expropiación, un grupo de peritos debe calcular el valor de la empresa y si no se llega a un acuerdo en 60 días, se recurrirá a un arbitraje judicial.
«Creo que hay un margen de negociación todavía. No creo que estemos en un punto de no retorno. A Cemex no le conviene», explicó a la AFP Asdrúbal Oliveros, responsable de la firma Ecoanalítica.
En esta línea, el embajador mexicano en Caracas, Jesús Mario Chacón, comunicó que su país había solicitado a Venezuela que continúen las negociaciones con Cemex para lograr un acuerdo satisfactorio.
Según el gobierno venezolano, la nacionalización de la industria cementera en Venezuela se justifica por el déficit de viviendas en el país.
El promedio de construcción de casas varía entre 40.000 y 50.000 por año desde 2004 mientras que la demanda se ubica en unas 100.000 por año, según fuentes del sector.
«Cemex posee una tecnología muy atrasada, tenían un pasivo ambiental y fiscal muy importante (…) y por supuesto no hicieron las inversiones necesarias para suplir la demanda», subrayó Ramírez.
Sin embargo, Cemex, presente desde hace 60 años en Venezuela, asegura que es responsable de cerca de 50% de lo que se ha edificado recientemente en este país.
Según Oliveros, los precios que el gobierno está pagando son los estimados por el mercado.
Para el experto, la falta de acuerdo con Cemex se debió a que la firma mexicana tiene una alta proporción de acciones en la bolsa de Venezuela, «lo que implica que tal vez habría que pasar por una Oferta Pública de Adquisición (OPA)».
Este martes, la cotización del título Cemex se suspendió durante 24 horas en la bolsa de Caracas hasta que se aclaren las condiciones de la expropiación.
Por otra parte, el Estado venezolano «se molestó mucho» cuando Cemex vendió recientemente unos activos que estaban fuera del país pero a nombre de Cemex-Venezuela. Por último, existen conflictos ambientales y laborales que han «enrarecido» mucho las negociaciones, citó Oliveros.
En el caso de las cementeras suiza y francesa, las reuniones mantenidas en los últimos meses con el gobierno fueron satisfactorias.
«Trabajaremos en equipo con el gobierno venezolano para que siga creciendo el mercado de la construcción en Venezuela», aseguró Máximo Dolman, director de Lafarge-Venezuela.
Según José Guerra, ex responsable de investigaciones económicas del Banco Central, esta nacionalización concreta la «tendencia general de estatización de la economía» venezolana desde hace un año.
El experto recordó que en otras nacionalizaciones, como la de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) o la Faja petrolera del Orinoco, los niveles de producción no se han mantenido.
«En Sidor la producción ha caído un 25%. En la Faja tampoco ha habido avances. Las nacionalizaciones son un mal negocio para los venezolanos», estimó.
Según Guerra, si el Estado desea invertir en un sector estratégico, en lugar de gastar comprando capital privado debería «crear nuevas plantas para aumentar la capacidad de producción».
La producción de cemento en Venezuela en 2007 llegó a 10,2 millones de toneladas métricas. Un 50% corresponde a Cemex, un 25% a Holcim y 25% a Lafarge.