Aunque Guatemala cuenta con gran cantidad de recursos naturales, el trabajo de quienes protegen estas áreas se torna peligroso, debido a que para ciertos sectores esta tarea puede intervenir en sus intereses personales.

Según informó Yuri Melini, del Centro de Acción Legal y Ambiental (Calas), la función de un guardarrecursos va desde controlar y vigilar las áreas protegidas, así­ como realizar monitoreos biológicos y proporcionar información a los visitantes, entre otros.

En lo que va de este año se reportan varios casos de amenazas y agresiones en contra de ambientalistas, de los cuales se puede mencionar el suscitado hace aproximadamente dos meses en contra de la auxiliar fiscal, Carmelina Corado Zúñiga, de la Fiscalí­a de Delitos contra el Ambiente, quien ordenó el desalojo de personas en Petén, de quienes se presume son narcotraficantes; posteriormente recibió constantes amenazas de muerte.

Sin embargo, este caso es mí­nimo, ya que otras personas pagaron con el precio de su vida por realizar esta labor. El 11 de noviembre de 2005 desaparecieron los guardabosques Mario Pop y Julio Vásquez, cuyo paradero se desconoce a la fecha; ambos trabajaban para la estación biológica de una universidad, ubicada en el volcán Atitlán, del lado de Suchitepéquez, de donde ya no retornaron dí­as después de denunciar el cultivo de plantaciones de marihuana en el lugar.

Asimismo, el 29 de febrero de 2000, en Puerto Barrios, Erwin Aroldo Ochoa López y Julio Armando Vázquez Ramí­rez fueron asesinados por defender un área protegida rica en aves, ambos trabajaban para el Consejo Nacional de íreas Protegidas (Conap). Ochoa era asesor jurí­dico de dicho consejo y Vásquez era asistente administrativo de esa región.

Los actos violentos en contra de los ambientalistas se incrementaron del 2001 al 2006, tres veces más que lo reportado en el perí­odo de 1996 a 2000.

Según Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, cuando se habla de recursos naturales intervienen muchos intereses, porque existe una gran pelea por éstos.

A decir de Morales, Guatemala es un estado débil; las personas se basan en la fuerza para imponer sus intereses y por eso se dan estas amenazas o desapariciones.

El representante de Calas manifestó que en diciembre presentarán un estudio sobre la situación de las y los defensores del medio ambiente, con el propósito de dar a conocer los problemas que agobian a este sector que trabaja en pro de los recursos naturales.

Por su parte, el PDH indicó que esta institución continuará proporcionando seguridad a estas personas. Sin embargo dijo que el Ministerio Público es quien debe realizar su labor investigativa para esclarecer los crí­menes o amenazas en contra de los ambientalistas.