Procuraduría de los Derechos Humanos
*Si no hay estrategias en materia de información ni programas de educación mejores y más accesibles, es imposible lograr el nivel de conciencia, las aptitudes y la prácticas necesarias para combatir la desnutrición.
Los indicadores de desnutrición crónica e inseguridad alimentaria en Guatemala son alarmantes e implican un gran reto para el futuro del país, según reveló el Procurador de los Derechos Humanos, en su primer informe de seguimiento a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Gobierno de Guatemala.
El referido informe subraya que se han dado avances importantes en el abordaje de la temática del derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria y Nutricional, con la creación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como también con el Programa de Reducción de la Desnutrición Crónica. Sin embargo, estas acciones han sido, en su mayoría, asistencialistas, sin crear condiciones en el mediano y largo plazo para alcanzar un crecimiento con equidad.
La necesidad urgente de erradicar la desnutrición en el país obedece a que es un fenómeno que está relacionada directamente con más de la mitad de los casos de mortalidad infantil y no se trata de una enfermedad infecciosa, pero su poder destructivo se hace sentir en los millones de sobrevivientes que padecen discapacidades, quienes están expuestos a contraer una infinidad de enfermedades durante el resto de sus vidas o quedan mermados en sus capacidades intelectuales.
La desnutrición obedece a una deficiencia en la obtención de todos los nutrientes que las células precisan. Los niños son los de mayor riesgo de desnutrirse porque se encuentran en una etapa de crecimiento rápido en la que aumenta la demanda de calorías y proteínas. Por razones parecidas, también son vulnerables a la desnutrición las embarazadas y las madres lactantes.
El informe reconoció que la crisis alimentaria y en general de inseguridad alimentaria y nutricional en Guatemala, se deben a causas estructurales, a las que el Estado no ha podido dar respuesta, como también a la falta de implementación eficiente de política pública. El Estado no ha creado los mecanismos para garantizar la producción de alimentos necesarios para una dieta mínima, los ingresos que garanticen la canasta básica de alimentos y la canasta básica vital, la inocuidad de los alimentos y otras condiciones más.
Los proyectos de producir biocombustibles en gran escala se ha convertido en una nueva amenaza para agravar la hambruna, pues por el momento no se avizora la toma de medidas compensatorias para los pequeños y medianos productores agrícolas, como tampoco para los consumidores que son los más afectados por el desarrollo de esas respuestas a la crisis energética.
Es del conocimiento de todos que la causa directa de desnutrición es la falta de alimentos. Sin embargo, existen también raíces más profundas de carácter social, económico, cultural y ambiental. La principal es la pobreza que afecta a millones de habitantes, sobre todo de países en desarrollo. Pero la pobreza es tanto causa como efecto, pues la desnutrición mina la productividad del individuo, lo que no hace sino agravar sus carencias económicas.
Es así que la reducida accesibilidad de recursos económicos y de alimentos de la población guatemalteca está relacionada con la pobreza, los ingresos insuficientes, el costo de la canasta básica de alimentos y de la canasta básica vital, pues la relación entre salarios e ingresos respecto al estado nutricional de las personas es directa.
El informe recomienda el redefinir el modelo de desarrollo económico propio y reformas fiscales que permitan incrementar la inversión social, la creación de fuentes de empleo, el impulso de proyectos de desarrollo, especialmente de desarrollo rural, para erradicar la desnutrición crónica y severa, como la pobreza y la extrema pobreza.