Julio Donis C.

La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos avanza sobre un camino que se presenta minado porque el poder legislativo enfrenta uno de los mayores desgastes polí­ticos en los últimos tiempos, y es en ese escenario en el que la Comisión de Asuntos Electorales debe saber tomar la ola correcta de la corriente legislativa del perí­odo final de sesiones de este año.

La oportunidad es casi única y debe hacerse en un movimiento polí­tico de una sola jugada porque el timing del Congreso es cerrado y con una agenda saturada, que se reduce porque la función legislativa se ve desviada de su atención por actividades de orden administrativo, o por otras cuestiones que relevan temas como éste. Se acerca el final de año, tiempo que tradicionalmente acapara la agenda de los diputados en el debate, negociación y aprobación del proyecto de presupuesto para el año siguiente.

El funcionamiento del Congreso no permite una adecuada evacuación de la agenda ordinaria porque no hay una verdadera gestión legislativa. Tiende a interpretarse públicamente, por ejemplo, que el perí­odo de receso de las asambleas del pleno es un tiempo de vacaciones; todo lo contrario, este perí­odo es toral para el trabajo que realizan las comisiones legislativas, porque es la oportunidad de construir técnicamente una iniciativa de ley, además del blindaje polí­tico que los diputados que presiden las mismas, deben aprovisionar para que la propuesta avance. Otro ejemplo, la agenda de los diputados distritales se asemeja a las demandas que recibe un alcalde. Sumado a esto, como el Congreso se ha venido transformando en el escenario polí­tico por excelencia, la gobernabilidad y como tal su peso en la sostenibilidad de la gobernabilidad es fundamental.

Muertos y heridos polí­ticos

Esas adversidades que corresponden al diseño institucional del Congreso, así­ como a los procedimientos legislativos y a su práctica polí­tica, le presentan un panorama complejo para la iniciativa de reforma a la Ley Electoral. La tarea se complica porque este Congreso está dañado institucionalmente y hay un desgaste polí­tico para los diputados que es alimentado por diversos sectores que quieren menos polí­tica y menos polí­ticos. El reciente problema sobre los millones de fondos públicos que perdió el Congreso en la empresa MDF, está explotando y expandiendo sus efectos semana tras semana, de hecho cada dí­a se descubren involucrados y beneficiados y se constata que la bomba se estaba alimentando desde hace algún tiempo. El costo tiene ya muertos polí­ticos y heridos y el conteo aún no termina.

Por el lado de la iniciativa de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos, la tarea está avanzando; la labor técnica de construcción y diseño de la reforma se está completando. Lo que sigue es blindar la propuesta de un debido análisis de coherencia constitucional y legal, a partir de lo cual inicia el camino polí­tico del cabildeo con jefes de bloque para que posteriormente se incluya en la agenda del Congreso y se debata en la Asamblea.

¿Quién quiere reducir el número de diputados?

Van quedando pendientes de convertirse en un cambio concreto en la ley, como la decisión de tener un Congreso con más o menos diputados, tema que no es menor porque dicho cambio tiene un origen que no es claro y con seguridad la apuesta que se tome tendrá impacto en todo el sistema electoral y en el largo plazo. Insisto, no es claro quién o qué sector tiene interés en bajar el número de diputados, no está probado para nada que esta demanda sea producto del clamor popular, no ha habido ningún estudio de opinión serio que demuestre esto.

La reforma es un paso relevante que trata de reducir la distancia del desarrollo desigual que tiene el sistema electoral del sistema de partidos polí­ticos, me explico. El sistema polí­tico institucional tiene un buen desarrollo electoral, lo cual se refleja y se sintetiza en el buen nombre acuñado por el Tribunal Supremo Electoral, desde el año 85 se han celebrado seis elecciones generales y las últimas reformas en esta lí­nea siguen sumando a un buen diseño electoral basado en la descentralización. Sin embargo ese buen desempeño no se corresponde con la fortaleza institucional de los partidos. Es algo así­ como si jugaran dos equipos de futbol de última división en el mejor estadio del mundo.

En tal razón, las reformas se apuntarán un éxito si logran su cometido en la lí­nea de estabilizar e institucionalizar a las organizaciones polí­ticas. Los cambios deben favorecer la presencia territorial de éstos, no es posible seguir con el modelo centralista; los partidos deben aspirar a dar una respuesta a la pregunta ¿a quién representan? Como tal, estas organizaciones deben afinar su perfil polí­tico y tener claridad sobre su oferta programática, no se puede seguir con el discurso de que se representa a todos los guatemaltecos porque todos somos iguales. Los partidos, como entidades públicas deben ser sujetos de la fiscalización y claro para tal efecto hay que dotar tanto al Tribunal como a los partidos, de herramientas técnico-institucionales que aseguren verdaderos procesos de transparencia y cuentadancia.

Las reformas constituyen una oportunidad para que los polí­ticos se comprometan con un verdadero proceso de revaloración de la polí­tica y de los partidos. Para esto es fundamental la democratización interna y el financiamiento. No se puede seguir dependiendo de capitales privados y oscuros para las carreras electorales, y de la misma forma, se necesitan recursos y muchos para formar, capacitar y hacer vida institucional partidaria. Revalorar la polí­tica debe acabar con discursos de polí­ticos actuales y rechazar públicamente y en claro tono populista, su aversión a la polí­tica y se desconocen como tales.

El acontecer de la reforma electoral y de partidos polí­ticos en su etapa crí­tica será polí­tico porque esa es su esencia, y toca a los polí­ticos observar las mismas como un lente de desarrollo hacia el futuro, no se construye una casa para un año sino para una vida.