En las últimas semanas, los organismos Ejecutivo y Legislativo se han visto sometidos a una serie de presiones que los han obligado a dejar de plantear, por un lado, una reforma impositiva integral y por el otro a impulsar una agenda legislativa propia que permita la gobernabilidad del paí­s.

Vanos fueron los esfuerzos del ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight por lograr una verdadera reforma fiscal, el Presidente de la República cedió a las presiones del sector privado organizado en CACIF, que habí­a anunciado su rechazo a la propuesta por considerarla inoportuna ante la crisis económica mundial y que impugnarí­a ante la Corte de Constitucionalidad las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta que gravaban las utilidades de las empresas mercantiles.

Al dejar de lado las reformas al ISR y conformarse con cambiarle el nombre al Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz, por el Impuesto de Solidaridad, el gobierno persigue garantizarse los ingresos que genera ese gravamen, pero se apartó de impulsar una reforma impositiva integral, de largo plazo, que el titular de Finanzas Públicas presentó a obispos, sindicatos, universidades y sectores polí­ticos en busca del apoyo para que el Organismo Legislativo la aprobara.

Conociendo la experiencia del pasado, el gobierno se decantó por aceptar los planteamientos del sector empresarial organizado, ya que no encontró el apoyo polí­tico de las principales fuerzas de oposición representadas en el Congreso, organismo que tras la denuncia del desví­o de Q82.8 millones de sus recursos a una casa de bolsa, se ha visto sometido a una férrea crí­tica, situación que ha obligado a los diputados a dedicar la mayor parte de su trabajo a montar una defensa propia, dejando de lado la actividad eminentemente legislativa.

El sector privado organizado ya manifestó su complacencia por la decisión de eliminar las modificaciones al Impuesto Sobre la Renta y las otras que daban a la propuesta del Ejecutivo la caracterí­stica de reforma fiscal, a cambio se ha comprometido a pagar de forma permanente el denominado ISO y a formar parte de una comisión que vele por la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Analistas han considerado que el primer pulso entre el Ministerio de Finanzas Públicas y el sector privado se resolvió a favor del empresariado, cuyos dirigentes nunca ocultaron su desacuerdo con las ideas que fueron expresadas por el grupo promotor del pacto fiscal como una reforma absolutamente necesaria para la modernización del paí­s y para darle sustento a la inversión social que propicie desarrollo.

Unido a lo anterior, los í­ndices de criminalidad que afectan a los diferentes sectores de la población se han visto incrementados y sitúan en la picota a las autoridades del Ministerio de Gobernación y Ministerio Público, toda vez que los cambios que se han producido en esas dependencias han generado vací­os de poder que han sido aprovechados por el crimen organizado y la delincuencia común.