La historia de cualquier reforma tributaria en Guatemala está cantada y es que todas terminan en el fracaso, porque es imposible superar la terrible oposición de los sectores más poderosos. Al menos en este caso, a diferencia de lo que le ocurrió a su padre cuando era ministro de Hacienda, el doctor Juan Alberto Fuentes no perdió el puesto, pero es evidente que tras su larga trayectoria como especialista en el tema fiscal y sus reiteradas críticas al sistema guatemalteco, tiene que considerarse como un trago muy amargo el que tuvo que tomarse al recular en forma tan marcada.
Al final de cuentas lo destacado de la reforma es apenas que se rellenará el agujero fiscal que a final de año dejará la desaparición del impuesto temporal IETAAP, que ahora será sustituido por uno igual pero con tasa más alta y de carácter permanente. Un impuesto que no molestó al sector empresarial y que consideró mucho más aceptable que la pretensión de modificar el impuesto sobre la renta.
El gobierno dice que insistirá en promover la reforma y que el tema del ISR ha sido suspendido, pero no retirado definitivamente de la mesa de discusión del pacto fiscal, pero la verdad es que el pacto ha sido sellado porque de alguna manera el gobierno resolvió su problema más agobiante, que era la posibilidad de iniciar el año entrante sin los ingresos del ya agonizante IETAAP y por ello es que la negociación se logró con tanta facilidad. En otras palabras, la reforma fiscal no es reforma y los cambios, a la larga, son diseñados de manera muy cuidadosa para impedir que algo cambie.
Cuando hace algunos días el Presidente bromeó diciendo que en el Gabinete se referían al Ministro de Finanzas como el doctor Fuentes Light, a lo mejor ya estaba al tanto de que la reforma fiscal, tantas veces pregonada y que tendría que suponerse como la piedra angular de un gobierno de corte socialdemócrata, terminaría siendo realmente liviana, de peso muy ligero para no sacudir ninguna estructura ni provocar malestares o resquemores que luego se manifestaran en oposiciones furibundas como aquellas que dieron lugar al llamado movimiento cívico que a principios de este siglo se organizó para plantear oposición callejera al gobierno de Portillo.
La lista de las reformas fiscales del país sigue creciendo, pero los resultados son siempre los mismos. Y un punto crucial para que esto ocurra es que se trata de un pacto que no es social, sino entre el gobierno y los grupos empresariales a secas. Ningún sector de la sociedad ajeno al empresariado tiene voz en el debate ni, mucho menos, influencia para decidir el rumbo de los acontecimientos.