Está demostrado que la codicia hace que instituciones nobles terminen siendo prostituidas por la forma en que son utilizadas y así vemos cómo organismos cuya finalidad es preocuparse por la gente, al final son instrumentos de la corrupción como ocurre con la Organización Internacional para las Migraciones que en Guatemala, en vez de atender el tema crucial de los que emigran, se dedica a ganar dinero con la ejecución del gasto público sin control y permitiendo inflar el valor de las obras.
Antes ocurrió lo mismo con nobles instituciones jurídicas como la adopción que se convirtió en una forma de comprar y vender niños sin tomar en cuenta los fines esenciales de esa figura. Lo mismo se puede decir con toda propiedad de los fideicomisos, otra institución noble de nuestro ordenamiento legal que, sin embargo, terminó siendo reducto de malos manejos por la forma en que se utiliza para evadir la acción de control y fiscalización del gasto público.
Creemos que ahora que se plantea al Congreso el tema fiscal con lo que queda de la reforma inicial, tiene que entenderse que mientras no haya decisiones para depurar el gasto público y mejorar su calidad mediante políticas que faciliten el control y fiscalización, no se puede ni debe pedir ni siquiera el pago de los impuestos actuales, no digamos de nuevos.
Hoy se publicó en Prensa Libre un reportaje sobre la forma en que la OIM realizó los trabajos en el Hospital San Vicente y la pésima calidad de lo ejecutado a un precio que es casi el doble de lo originalmente contemplado. Al mejor estilo de lo que se hizo en el Campo de Marte y de la filosofía general de PACUR, la Organización Internacional para las Migraciones cambia el giro de su función natural para dedicarse a administrar fondos con el único y evidente propósito de escamotear la información a la Contraloría de Cuentas que no se anima a cumplir con su mandato constitucional de supervisar el uso de todo dinero que provenga del erario.
En vez de eso, se acomoda a aceptar como válido el argumento de que tratándose de entidades que gozan de inmunidad diplomática no se puede meter con ellas, aunque estén dilapidando el dinero de los guatemaltecos.
Por ello decimos que es momento de decirle al gobierno «Â¡Ya basta!». Si quieren que el guatemalteco siga pagando sus impuestos debe cambiar la forma en que se ejecuta el gasto público. De lo contrario habrá que iniciar una campaña a nivel nacional con las organizaciones de la sociedad para convencer a la gente que mientras no nos demuestren que están usando bien los recursos, deberá suspenderse el pago de impuestos porque no es justo que siga ese jineteo inmisericorde.