En las comunidades, por citar un ejemplo, se continúa la violación de manera descarada y arbitraria al derecho de los pueblos a decidir sobre propiedades comunales, cuando se deja que empresas de explotación minera extiendan sus tentáculos a esas regiones, contaminando fuentes de agua y borrando para siempre lugares sagrados históricos.

En una reunión con pobladores de San José Ojetenam, San Marcos y Tectitán, Huehuetenango, donde se presentaron los resultados de Consultas Populares realizadas en sus comunidades, un representante del Ministerio de Energí­a y Minas aseguró que «los funcionarios actuamos únicamente apegados a la ley», punto que en ningún momento se discute.

No obstante cabe preguntarle, si se asegura actuar estrictamente apegado a la ley ¿por qué sólo se toma en cuenta el carácter no vinculante que la Corte de Constitucionalidad pronunció sobre las consultas populares y no se toca en ningún momento la inconstitucionalidad de 7 artí­culos de la Ley de Minerí­a?

Seguramente la respuesta estarí­a matizada por los «grandiosos beneficios» que la generación de empleo y sobre todo la inversión extranjera trae al paí­s, pero bien oculta la información que refiere a la cantidad ridí­cula del uno por ciento por concepto de dividendos que dejan esas empresas, y el daño irreparable al medio ambiente y a la vida de los comunitarios que habitan en el lugar.

Desde el Gobierno de ílvaro Arzú, que cordialmente invitó a la transnacional Montana para enriquecerse sin ningún problema, luego el de Alfonso Portillo hasta llegar a í“scar Berger, en poco las autoridades han tomado en cuenta los diferentes pronunciamientos de comunidades enteras en contra de esta actividad. ¿Ese es el camino que se continuará en este Gobierno?

Si bien, el Estado guatemalteco es dueño del subsuelo nacional, no se debe olvidar que son también las comunidades dueñas del suelo, lógicamente por el cual tienen que pasar antes de cualquier reconocimiento o explotación.

Es urgente, si se trata de reconocer el derecho de identidad de los Pueblos Indí­genas, respetar el convenio 169 de la OIT y en lo nacional, apoyar iniciativas de ley como la de Consulta a los Pueblos Indí­genas, que permitirán de manera concreta enfrentar y acabar la opresión y marginación que durante tantos siglos los Pueblos Indí­genas han vivido.