La pena relativamente leve a la que fue condenado el ex chofer de Osama bin Laden, Salim Hamdan, en el primer proceso por crímenes de guerra contra un detenido de Guantánamo, aparece como un desaire al sistema estadounidense de tribunales militares de excepción.
El gobierno estadounidense luchó durante cuatro años para mantener en detención a Salim Hamdan y llevarlo antes un tribunal militar de excepción en su base de Guantánamo, afirmando que era un peligroso terrorista y que su caso no podía ser tratado por un tribunal ordinario.
Pero, tras el veredicto del juicio de ayer, era un Hamdan feliz quien celebraba en el recinto mismo del tribunal la decisión de seis jurados militares que denegaron la acusación de «conspiración», la más grave, y pronunciaron una sentencia ligera de cinco años y medio, siendo que el yemenita lleva ya seis años preso.
De modo que sólo le quedarían por cumplir cinco meses de condena. Aunque el gobierno estadounidense ya indicó que podrá mantener en detención a este «combatiente enemigo». Su estatus administrativo será sin embargo reexaminado anualmente, lo que podría llevar a una liberación.
El coronel Steven David, principal defensor de Hamdan, estimó que la acusación «se sobreestimó» al tratar de retener los cargos de «conspiración» y pedir una condena de al menos 30 años de cárcel.
Para el abogado, este juicio –el primero de este tipo ante tribunales militares de excepción–, marcado por pruebas fundadas en rumores, testimonios secretos, alegaciones de tortura y restricciones de cobertura para los medios de información, debería dar un aviso al sistema y devolver los expedientes de los acusados de terrorismo a la jurisdicción de los tribunales ordinarios.
«Espero simplemente que alguien se dedique a enderezar este sistema de comisiones militares, a enviar estos casos a tribunales federales o a tribunales militares (regulares) y finalmente a restaurar el honor y la integridad de la reputación de justicia de nuestro país», declaró el abogado a periodistas presentes en la base naval estadounidense en territorio cubano.
Los miembros de la acusación, que mostraron estupefacción ante el enunciado del veredicto, afirmaron respetar las conclusiones del jurado e insistieron en el hecho de que, según ellos, el sistema de tribunales militares de excepción funcionó correctamente.
«El gobierno de Estados Unidos ha llevado un caso ante la justicia y demostrado que el proceso puede ser equitativo», afirmó el teniente comandante Timothy Stone, de la acusación. «En conjunto, el sistema funcionó», añadió.
El gobierno de Bush defendió los tribunales de excepción de Guantánamo como la mejor forma de proteger informaciones sensibles durante los juicios de estos sospechosos de terrorismo, que no son considerados ni como criminales ordinarios ni como soldados convencionales.
Los defensores de derechos humanos cuestionan por su parte la legitimidad del sistema.
Lo que suceda a Salim Hamdan tras sus cinco meses de sentencia no está claro. El fin de su condena coincide con el final del mandato de George W. Bush en enero de 2009, lo que deja la resolución de este expediente en manos del próximo gobierno estadounidense.