La denuncia presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), en julio pasado, no ha sido remitida a la unidad contra la trata de personas del Ministerio Público (MP).
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La PGN solicitó al ente investigador que estableciera posibles ilícitos penales en un listado con 19 nombres de notarios que participaron en procesos anómalos de adopción. Baudilio Portillo Merlos, abogado del Estado, sostiene que esa denuncia no significa que los notarios sean culpables.
Sin embargo, la referida delación no ha llegado aún a la unidad contra la trata de personas del MP, según lo pudo constatar el titular de esa fiscalía, Alex Colop.
Colop explicó que existe un proceso previo de revisión en ese tipo de denuncias, el cual se realiza en la Unidad de la Niñez de la PGN: «Allí se hace una investigación previa, posteriormente remiten el expediente como una denuncia a la unidad», explicó el fiscal.
El investigador constató que la delación antes referida no había sido entregada a su fiscalía, donde se designará a un fiscal para que inicie las pesquisas.
Jorge Meng, encargado de comunicación de la PGN, hizo referencia a que no han recibido ninguna notificación que refiera el inicio de las pesquisas en el MP, y lo atribuyó a que «todos los procesos están en trámite de investigación», declaró.
Meng añadió que el MP debe establecer, a raíz de las investigaciones, si existe delito penal en los expedientes detallados por la PGN en esa ocasión, y que ese trámite refiere a una denuncia por cada expediente anómalo que fue encontrado.
Documentos
La solicitud hecha por la PGN al MP, consta de seis folios e incluye los nombres de 19 notarios cuyos expedientes de adopción presentaron irregularidades, que fueron indicios de duda en el Consejo Nacional de Adopciones.
Algunas de las anomalías contenidas en los referidos expedientes hacen referencias de madres que, supuestamente, autorizan otorgar a su hijo en adopción siendo menores de edad, fotografías distintas de los infantes, falta de consentimiento de la madre biológica de los menores o trámites de adopción en los que se comprueba que el o la niña a adoptar había sido robada.
La Fundación Sobrevivientes podría plantear una denuncia ante el Colegio de Abogados, en contra de los juristas implicados en procesos anómalos de adopción.
Norma Cruz, Directora de esa fundación, refirió que interpondrían la queja ante el colegio profesional, después que el MP, estableciera ilícitos penales dentro de esos procesos.