Diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) se oponen a que el Código Aduanero Uniforme Centroamericano III entre en vigencia el 25 de agosto, pues consideran que éste propiciaría las condiciones para la corrupción en las aduanas.
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Rodolfo Dougherty, diputado del Parlacen, argumentó que el Código no fue aprobado por el Congreso de cada país, excepto por Costa Rica, por lo que el mismo no tiene la jerarquía necesaria para obligar a las personas u otras organizaciones fuera de las instituciones a su cumplimiento.
A criterio del parlamentario, este código no impulsa la integración aduanera y, sobre todo, permitiría la existencia de privilegios y discriminación en puntos fronterizos
«Las aduanas tendrían la facultad de crear regímenes aduaneros específicos, por lo que se abrirían las puertas para el incremento de la corrupción, como lo ocurrido en El Carmen (San Marcos)», indicó.
Dougherty estima que en la actualidad se carece de sistemas de auditorías internas autónomas que garanticen una transparente recaudación tributaria.
«Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), las importaciones se incrementaron en 30%, pero la recaudación apenas en 15%», sostuvo.
Sin validez
La citada legislación entrará en vigencia este mes; pero el Parlacen estima que la misma es improcedente, debido a que fue ratificada por un solo país.
«Para que entre en vigencia deben haber al menos tres países que lo hayan aprobado, pero actualmente sólo Costa Rica lo ha hecho», dijo Dougherty.
El diputado también advirtió que la sociedad civil tampoco fue consultada sobre el contenido de la legislación, incumpliendo con ello las disposiciones establecidas en el Protocolo de Tegucigalpa, máxima ley del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
«Los procedimientos obligatorios establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa a la Odeca (Oficina de Estados Centroamericanos), se refieren expresamente a la obligación de consulta de la sociedad civil centroamericana», afirmó Dougherty.
Demandarán al SICA
De acuerdo con Dougherty, los argumentos que consideraron para oponerse a la entrada en vigencia del Código, se transmitieron al Consejo de Ministros de Centroamérica (Comieco) y al SICA, sin embargo, no han recibido respuesta sobre la petición de impugnación que hicieron.
Según el funcionario, la semana siguiente interpondrán una demanda en la Corte Interamericana de Justicia, en contra del Comieco, para que se suspenda la vigencia del Código.
Según Dougherty, existen muchos errores en el proyecto del Código, entre los que resalta:
En 66 artículos, casi el 50% del Código remite sus disposiciones al reglamento.
Cuarenta y dos artículos que representan aproximadamente el 30% del Código remiten el tratamiento a las legislaciones nacionales.
El reglamento redirecciona al tratamiento interno de cada país o hacia su legislación propia o a la decisión administrativa de servicio aduanero.
Los reglamentos no pueden establecer condiciones, requisitos, restricciones o limitaciones que no figuren en la norma superior.