Los nacionalistas moderados de Convergencia i Unió (CiU) fueron los más votados en las elecciones catalanas del miércoles, aunque sin mayoría para gobernar, mientras que los socialistas retrocedieron y los independentistas de ERC tienen la doble llave de la gobernabilidad.
Escrutado el 99,98% de los votos y al cabo de una jornada electoral que registró una baja participación (56,77%), CiU obtenía 48 escaños (31,52% de los sufragios) contra 46 en el Parlament saliente, mientras que el Partido de los Socialistas Catalanes (PSC) registraba 37 (26,81%) contra 42, y los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) recibían 21 escaños (14,05%) contra 23.
Iniciativa per Catalunya (ICV, izquierda verde), obtenía 12 escaños (9,55%) contra nueve en la cámara saliente, siendo la formación que más claramente subió en estos comicios anticipados. El Partido Popular de Cataluña (PPC, derecha) lograba 14 escaños (10,64%) contra 15 en el Parlament saliente.
Los tres partidos que formaron el tripartito de izquierda (PSC, ERC e ICV) sumaron en total 70 escaños, sólo cuatro menos que en 2003, cuando lograron una alianza inédita que puso en pie el primer gobierno de izquierda en Cataluña, dirigido por Pasqual Maragall, tras 23 años de dominio nacionalista.
Más de 5,3 millones de electores habían sido convocados para renovar los 135 escaños del Parlament de Cataluña (noreste), en unas elecciones en las que reeditaron casi el mismo escenario que hace tres años, cuando CiU se impuso en escaños y votos, pero terminó gobernando una coalición de izquierdas que aunó la mayoría necesaria.
Celebrada por primera vez en un día feriado (Día de Todos los Santos) y no en domingo, la jornada electoral de estos octavos comicios autonómicos catalanes en democracia se desarrolló con «absoluta normalidad», según los responsables electorales de la Generalitat.
Pero la nota gris fue la baja participación (56,77%), una de las peores en la historia de los comicios autonómicos, 7% menos que en 2003.
Los resultados dieron la razón a sondeos previos que descartaban un claro ganador capaz de obtener la mayoría absoluta necesaria de 68 escaños para poder formar gobierno en solitario, obligando a pactos entre partidos.
Muy probablemente, las formaciones deberán decidir como próximo presidente de la Generalitat a Artur Mas (CiU) o José Montilla (PSC).
No puede excluirse una gran coalición CiU-PSC, pero tampoco una alianza CiU-ERC o la reedición del tripartito de izquierdas PSC-ICV-ERC que gobernó desde 2003.
Pese a perder escaños, ERC tiene la «doble llave» de la gobernabilidad como socio de CiU, el gran ganador que se impuso en las cuatro provincias (Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida) y obtuvo más escaños.
Su candidato a la presidencia del «govern», Artur Mas, anunció su intención de «buscar el gobierno fuerte que Catalunya necesita» sin hablar de «derechas o izquierdas», alimentando especulaciones sobre un posible gobierno entre nacionalistas y socialistas en lo que se llama la «sociovergencia».
Pero los socialistas fueron los primeros en proclamar el «fracaso» de CiU «en su intento de convertir las elecciones en un plebiscito contra el gobierno catalanista y de izquierdas», en referencia al tripartito.
Montilla admitió el retroceso del PSC en las urnas, y aseguró que buscará un «gobierno catalanista y de progreso».
El líder independentista de ERC, Josep Lluis Carod Rovira destacó que vuelve a tener la «llave» del nuevo «gobierno de coalición», pues su formación es «indispensable».
La sorpresa de la jornada fue la plataforma Ciudadanos de Cataluña (Ciutadans-Partit de la Ciutadania), fundada por el dramaturgo y actor Albert Boadella, que obtuvo tres diputados (3,04%).
Para su secretario general, Antonio Robles, un abogado de 27 años que se convertirá en diputado antes de fines de noviembre, este resultado supone un «gran paso para la libertad en Cataluña».
El nuevo Parlament debería constituirse antes del 21 de noviembre y el nuevo presidente de la Generalitat debería ser elegido antes del 1 de diciembre, para dirigir un gobierno regional que desarrollará el nuevo estatuto de autonomía ampliado de esta rica y próspera región del noreste español, que administrará un presupuesto anual de 30.000 millones de euros, superior al de países como Chile.