El Procurador General de la Nación es el abogado del Estado y como tal debió actuar cuando se supo del anómalo desvío de 82 millones de quetzales que el Congreso, bajo la responsabilidad de Eduardo Meyer, hizo a una casa de bolsa que opera sin regulación alguna, como tanto les gusta a quienes pregonan que el Estado no debe meter su cuchara en ninguna actividad económica. Sin embargo, para variar, la Procuraduría no hizo absolutamente nada ni se dio por enterada pese a que era la llamada a exigir que se establecieran garantías a favor de su representado, el Estado de Guatemala, para evitar que el dinero se esfumara como finalmente pasó.
Por supuesto que todo esto es sin restar un ápice de responsabilidad al mismo Congreso de la República que permitió el jineteo del dinero. Porque si el desvío hubiera sido de ochenta y dos mil quetzales uno puede pensar que en medio de la millonada que maneja el Organismo Legislativo pudo escurrirse ese traslado, pero 82 millones de quetzales no es algo que pueda escapar a la vista de quien pueda tener acceso a los estados de cuenta. Por ello es que la explicación de Meyer, en el sentido de que no se dio cuenta, le hace pobre favor al funcionario que con mucho celo acaparó desde que asumió la presidencia todo el manejo y control de las cuentas del Congreso, entendiendo que si no se percató, el pobre no es capaz de notar una vaca dentro de un elevador.
Por supuesto que en casos como éste al final nadie es responsable y eso coincide con la tradición del país que tiene tanto que ver con el aliento constante a la impunidad. Lo más corriente en nuestro medio es que todo el mundo se lave las manos y seguramente que a ello apunta este caso. Y cuando existía el ofrecimiento de que a finales del mes anterior se iba a devolver todo el dinero, uno podía suponer que nadie pagaría por delito alguno pero que, al menos, la plata volvería al Congreso. Ahora, en cambio, la probabilidad de que ese dinero nunca vuelva es tan grande como la probabilidad de que nadie termine siendo responsable del clavo.
En todo ese contexto es que nos parece importante rescatar el tema del Procurador General de la Nación y de sus deberes como abogado del Estado porque a él le corresponde intervenir de oficio cuando se produzcan hechos que puedan comprometer los intereses de la Nación. Y es obvio que incumplió sus atribuciones fundamentales en el caso del jineteo del dinero a cargo de «Mercado de Futuros» porque nunca se constituyó en el asesor legal para exigir la constitución de suficientes garantías a fin de evitar lo que finalmente ocurrió.