El Ministerio Público ha tenido deficiencias presupuestarias importantes que eran el pretexto eterno para no actuar. Durante la gestión de Juan Luis Florido se aumentó el presupuesto a niveles nunca antes vistos pero a pesar de la inyección en recurso no hubo cambio en los resultados, porque definitivamente el problema tiene que ver con los fondos disponibles, pero ello es apenas una parte y no la más importante. El punto crucial es la voluntad de hacer las cosas y el reconocimiento del problema de fondo.

Hace muchos años dije que cuando se estructuró el Ministerio Público viví­amos los efectos del conflicto armado interno y la doctrina de la seguridad nacional hizo que las instituciones fueran controladas en el marco de la lucha contra la guerrilla. En el caso de las labores de fiscalí­a, era importante para quienes gobernaban que fueran un seguro que garantizara la impunidad a los agentes del Estado que libraban la guerra, para que pudieran ejercer la represión sin temor a que hubiera consecuencias legales.

Firmada la paz, esas estructuras siguieron intactas, pero al no tener que proteger a los agentes del Estado se pusieron al servicio del crimen organizado, sobre todo cuando buena parte de quienes libraron la guerra cambiaron de oficio. Y ningún Fiscal General ha querido reconocer hasta qué punto está penetrada la institución y cooptada por quienes hacen de la impunidad su mejor carta para mantener el ritmo de sus actividades ilí­citas. De hecho se ha incrementado la tendencia porque ahora ya no es simplemente para servir intereses de una doctrina surgida en el conflicto armado interno, sino que hay dinero de por medio… En realidad mucho, pero mucho dinero.

Es en ese contexto que se produce el inicio de un esfuerzo por combatir la impunidad en el paí­s y cuando principian a operarse cambios y se presiona para que avancen determinados casos, surgen los obstáculos impuestos por quienes tienen a su cargo la investigación y persecución penal, aflorando las vinculaciones que hacen imposible que algún caso pueda avanzar.

Es en ese contexto que asume sus funciones el nuevo Fiscal General, como producto de un relevo impuesto por las necesidades del combate a la impunidad y en los próximos dí­as tendremos que estar atentos al ritmo y el tipo de cambios que pueda hacer el funcionario con la nueva responsabilidad. No es fácil el desafí­o porque si quiere hacer las cosas bien se sentirá muy solo y su acompañamiento tendrá que venir de fuera de la institución. Si, en cambio, quiere mantener sin que funcione la piedra angular, podrá terminar su perí­odo tirando de la carreta como han hecho sus antecesores y retirarse igual, sin pena ni gloria, dejando como herencia un lastre institucional terriblemente dañino para el paí­s. El tiempo dirá si el cambio es para que cambie algo en el paí­s o si, por enésima vez, en Guatemala todo cambia para que nada cambie.