La renuncia del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Juan Luís Florido, el previo nombramiento del Ministro de Gobernación y la asunción al poder de un nuevo equipo de trabajo abre las puertas para impulsar cambios que permitan la reestructuración del sistema de seguridad y justicia en busca de revertir los altos niveles de violencia que imperan en el país.
Diferentes sectores sociales consideran que, el momento es ideal y las autoridades deben aprovecharlo para garantizarle al Ministerio Público su plena autonomía mientras que se propicie la depuración de las fuerzas de seguridad mediante un proceso transparente.
Si bien el Ministro de Gobernación, Francisco José Jiménez Irungaray, recién asumió el cargo, tras el trágico fallecimiento de su antecesor, expertos señalan que éste hecho, unido al nombramiento del nuevo Jefe del Ministerio Público, hace propicio el momento para impulsar los cambios profundos que requiere el sistema de seguridad y justicia, tal como lo ha solicitado la Comisión Internacional contra la Impunidad, que a través de Carlos Castresana señaló una total descoordinación entre la fuerza pública y el MP
Aunque analistas sostienen que la situación del Ministerio Público y de las fuerzas de seguridad debe ser tratada en forma separada, sí coinciden en señalar la necesidad de contar con entidades que permitan perseguir la delincuencia común y organizada; así como atacar los elevados niveles de impunidad que existen en el país.
Según el constitucionalista Gabriel Orellana Rojas, el MP tiene raigambre constitucional y, como tal, debe analizarse la necesidad de fortalecerlo; así como impulsar acciones para que la figura del Fiscal General sea respetada y los plazos para los cuales ha sido nombrado se cumplan.
De acuerdo a los expertos, existen tres instituciones que podrían garantizar el sistema de pesos y contrapesos: la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, instituciones que no han logrado se les garantice su independencia y autonomía para actuar.
Al igual que ocurre con la figura del Presidente del Banco de Guatemala, que ha logrado se le respete a merced de las presiones internacionales, se debe garantizar la independencia del jefe del Ministerio Público, de lo contrario nunca vamos a tener una institución independiente y el Fiscal va a estar sujeto a los caprichos del Presidente de turno, afirmó Orellana.
Mientras tanto, la Fundación Myrna Mack se pronunció en contra del clima de violencia impunidad que se vive en el país y señaló que Guatemala atraviesa por una profunda crisis de violencia y criminalidad con tendencia ascendente, que ha producido en los últimos cinco años más de 25 mil 700 víctimas mortales, generando una tasa de mortalidad promedio de 41.8 muertes por cada 100 mil habitantes, registrada en ese mismo período.
Estas cifras colocan al país como uno de los más violentos de la región latinoamericana, con esta situación de criminalidad y con instituciones disminuidas en su capacidad por el mal desempeño y la corrupción de muchos de sus funcionarios, el sistema de justicia en Guatemala se ha convertido en fuente de impunidad. Incumple con sus funciones primordiales, multiplica las prácticas que deniegan el acceso a la justicia y reproduce modelos represivos e injustos, agrega.
Ante ello, la Fundación plantea la necesidad de que el Estado de Guatemala ponga en marcha políticas públicas y estrategias puntuales que ataquen la raíz de esta grave trasgresión a los derechos y las garantías fundamentales, consagradas en el ordenamiento jurídico nacional y en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Resulta esencial la coordinación entre las instituciones de justicia y seguridad, a efecto de asegurar que la investigación criminal sea sólida, objetiva, íntegra, exenta de manipulaciones y con fundamento científico, agrega.
En ese sentido, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos planteó la necesidad de reestructurar el sistema de seguridad y justicia en el país para garantizar que se investigue y no queden en la impunidad centenares de casos de violencia común y violencia selectiva que han afectado a diversos sectores de la sociedad guatemalteca.
Orellana dice que ante el panorama tan desalentador, el presidente ílvaro Colom tiene la oportunidad de repensar el tema del Ministerio Público para darle su autonomía. La institución ha sido dañada por los constantes cambios de funcionarios, no hay que pensar en un individuo o dos, sino en el respeto a la institución, que sus plazos sean acatados», resaltó.
Al igual que existe la preocupación por el funcionamiento del MP, también lo existe en las fuerzas de seguridad pública, de las cuales se pide tomar las medidas necesarias que mejoren el marco normativo de sus respectivas carreras profesionales; así como la creación de instrumentos objetivos para la evaluación del desempeño, la investigación y la sanción de faltas cometidas en el ejercicio de la función, a efecto de que sus funcionarios trabajen de manera íntegra, independiente e imparcial. Con esto se fomentarán el buen desempeño, la ética y la excelencia profesional.
Ante la coyuntura, el presidente Colom tiene la última palabra: garantizar la autonomía de los entes controlares del país.