Uno de los efectos más visibles y marcados de la inseguridad que vivimos es la proliferación de las empresas de policía privada que obtienen importantes ganancias como consecuencia de la necesidad de la población de sentirse protegida. Y decimos «sentirse» porque a la larga es más un efecto de percepción eso de la mejora de la seguridad con la presencia de agentes de empresas privadas, toda vez que la experiencia demuestra que en la inmensa mayoría de los casos son más agentes de inseguridad que de seguridad.
No existe mecanismo de control alguno para establecer el grado de idoneidad de los agentes contratados por las empresas privadas de policía y la mayoría de ellos reciben un arma sin haber tenido entrenamiento ni pruebas de su estabilidad emocional para determinar si son capaces de reaccionar adecuadamente en casos de emergencia. Incontables son los casos en los que los policías privados han atacado a gente inocente causándoles la muerte, porque se envalentonan con el arma que portan y no tienen la capacidad de discernimiento para actuar.
El negocio es muy lucrativo y en el mismo hay poderosos sectores involucrados, lo que aumenta el grado de impunidad a favor de los agentes porque se trata de los mismos sectores que han penetrado las instituciones públicas para asegurarse la protección del aparato del Estado en la comisión de hechos delictivos. En ese contexto, cuando uno ve un par de motoristas, el de atrás blandiendo pavorosa escopeta para amedrentar a los automovilistas, es mejor hacerse a un lado y dejar que impongan su ley de la fuerza porque no hay forma de razonar con quienes tienen muy limitado uso de razón.
Pero el Estado tiene la responsabilidad de ejercer su autoridad para controlar esa proliferación de agencias de seguridad privadas que, repetimos, se convierten en factor que incrementa la inseguridad ciudadana. Si la Policía Nacional Civil está plagada de malos elementos que abusan de su autoridad y del poder que les da el arma, cuánto más esas policías privadas que no tienen ni siquiera el remedo de mecanismos internos de control porque a los empresarios lo que les importa es disponer de elementos para cubrir físicamente los turnos, a sabiendas de que mientras menos les paguen a esos policías, lo que equivale a decir mientras menos preparados estén, mayores serán sus ganancias porque el cliente paga una cuota fija por agente, no importando su grado de capacitación y experiencia.
Se habla mucho del control a las armas, pero lo que más urge controlar, antes que la venta y los permisos de portación de armas de fuego, es indudablemente el régimen de las policías privadas que aumentan la inseguridad.