Seis presidentes y representantes de 24 países asistirán en el puerto colombiano de Cartagena, después de 18 años, a una cumbre regional antidrogas, en medio de un desalentador balance porque los golpes a los grandes capos no se han traducido en una merma de la producción.
Al encuentro que se realizará el viernes confirmaron su presencia los presidentes Felipe Calderón (México), Elías Antonio Saca (El Salvador), ílvaro Colom (Guatemala), Martín Torrijos (Panamá), Leonel Fernández (República Dominicana) y ílvaro Uribe (Colombia), informó la cancillería colombiana.
Previamente, hoy, habrá una reunión de las delegaciones técnicas y mañana de los ministros de Relaciones Exteriores de los países asistentes.
La cumbre busca fortalecer la cooperación y coordinación para enfrentar el problema mundial de las drogas, en el entendido que sólo una acción conjunta y decidida de todos los Estados permitirá debilitar el flagelo que «pone en riesgo la gobernabilidad y la democracia en los países de la región», señala la convocatoria.
Esa afirmación determina un panorama totalmente distinto al de hace 18 años, cuando el fenómeno del narcotráfico en la región parecía circunscribirse a tres países productores y a un consumidor.
Por ello, a la cumbre de febrero de 1990 tan solo asistieron los entonces presidentes Jaime Paz (Bolivia), Virgilio Barco (Colombia ); George Bush padre (EEUU) y Alan García (Perú).
Del encuentro salió como objetivo luchar conjuntamente contra un enemigo que ya en Colombia dejaba miles de víctimas, como resultado de la guerra declarada por el gobierno a los capos del narcotráfico, que para entonces habían logrado permear todos los sectores de la sociedad.
La cumbre de 1990 fue el comienzo del desmantelamiento de los grandes carteles del narcotráfico en Colombia, pero paralelamente el ingreso al negocio de los grupos armados ilegales -de izquierda y extrema derecha- que usaron el tráfico de drogas para financiar sus actividades.
Diez años después, la alianza entre Estados Unidos y Colombia se fortaleció con la aprobación del Plan Colombia, inicialmente una estrategia para combatir a los traficantes organizados, pero que luego se amplió a la lucha contra los grupos armados ilegales.
Al ese plan, al que se oponen con vigor los gobiernos de Venezuela y Ecuador por considerarlo una injerencia de Estados Unidos en la región, Washington ha destinado al menos 4.300 millones de dólares, según cifras oficiales.
Pero la inversión no ha sido suficiente para eliminar o aliviar el flagelo, ya que según la ONU en su informe de junio, en Colombia el cultivo de coca aumentó 27% el año pasado.
Los esfuerzos conjuntos tampoco evitaron que los tentáculos del narcotráfico hayan desconocido cualquier frontera y afecten a casi todos los países de la región, especialmente a México, que vive ahora un fenómeno de violencia similar al que tuvo Colombia en las dos últimas décadas.
De hecho, reconociendo los mínimos resultados en la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos informó que después de 58 años reactivará la IV Flota para vigilar el mar Caribe, y uno de sus objetivos será realizar operaciones contra el narcotráfico.
El politólogo Manuel Forero, del Instituto de Estudios Geoestratégicos de la universidad Nueva Granada de Bogotá, estima que esa decisión de Estados Unidos evidencia «su ineficaz política antidrogas, que hace necesario crear una unidad con la misión de combatir el narcotráfico».
A ello se agrega que el Congreso estadounidense aprobó, el 27 de junio, la Iniciativa Mérida, -una especie de Plan Colombia- que prevé 1.600 millones de dólares de ayuda en tres años para la lucha antidroga en México, Centroamérica y el Caribe.
«La cumbre debe permitir fijar una nueva agenda antidrogas y reconocer que es un problema no sólo de un país, sino de la región», señala Hugo Acero, experto en temas de seguridad y crimen, de la Universidad del Rosario.