Las cortes electorales de cuatro regiones rebeldes de Bolivia debaten medidas para frenar el referendo revocatorio del 10 de agosto, de cuya legalidad dudan, mientras el presidente Evo Morales dijo que parar el proceso significaría un «golpe a la democracia».
El presidente de la Corte Electoral de Santa Cruz, Orlando Parada, cuya región encabeza la oposición al gobernante indígena, convocó a su ciudad, a 900 km al este de La Paz, a sus pares de otros departamentos para asumir posiciones comunes, informó hoy la emisora privada Erbol.
«Vamos a reunirnos para tomar una decisión en conjunto», afirmó Parada, quien espera que asistan a su cita delegados de las cortes de Beni, Pando y Tarija, regiones que se interrogan sobre la organización del referendo que, en cambio, es defendido por el gobierno y el oficialismo.
Las cortes consideran que la consulta, en la que el presidente, su vicepresidente y los nueve prefectos pondrán en juego sus cargos, carece de consistencia constitucional y temen que surjan diferentes interpretaciones de los resultados, basados en porcentajes y número de votos de la elección de 2005.
Las autoridades podrán ser revocadas de sus cargos si el voto en contra supera los porcentajes y números de sufragios de los pasados comicios, en los que el presidente se situó en 54% y los prefectos, principalmente los opositores, se ubicaron entre el 38% y el 48%.
Las entidades electorales, que tienen tuición en la organización de la consulta en sus distritos, van a contramano de la decisión de la Corte Nacional Electoral (CNE), que ratificó ayer la realización del plebiscito.
El presidente Morales -embalado en su campaña por quedar ratificado en el cargo y que a la vez promueve la remoción de los prefectos rebeldes, a quienes acusa de bloquear su política de nacionalizaciones- arremetió contra las cortes electorales que cuestionan la consulta.
«Pareciera que algunas cortes departamentales quieren ahora sustituir la dictadura militar de las décadas de los 60 y 70. El no garantizar una ley nacional (de referendo revocatorio) aprobada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo, es un golpe a la democracia, es el golpe al pueblo y al Congreso Nacional», afirmó el mandatario.
El presidente advirtió a las entidades electorales departamentales que «cuidado que el pueblo se levante contra estas entidades, porque no están respetando la democracia, las leyes ni la voluntad soberana del pueblo».
El gobernante está seguro de que superará su votación pasada, estima que incluso llegará a más del 60% de apoyo y que ello lo habilitará para convocar, de inmediato, un nuevo referendo para validar la nueva Constitución boliviana, aprobada por la Asamblea Constituyente en diciembre pasado y que también es resistida por partidos y regiones de oposición.
El vicepresidente de la CNE, Jerónimo Pinheiro, quien objeta la consulta, consideró que si las cuatro cortes opositoras desisten de organizar el referendo, éste se paralizaría.
«Si las cortes toman la decisión de suspender los procesos, la situación se agravaría mucho más, porque son los brazos operativos del organismo electoral», afirmó Pinheiro, enfrentado al presidente de la entidad, José Luis Exeni, y a la vocal Amalia Oporto, quienes respaldan la realización del acto electoral.
El oficialismo insistió en los últimos días que los bolivianos podrán dirimir en las urnas entre su proyecto político, con fuerte dosis estatista, y el de la oposición, que apuntala gobiernos autónomos de tinte liberal.
Sin embargo, analistas coinciden en que el referendo no solucionará la fuerte crisis política que se arrastra desde el año pasado.