El referendo revocatorio de mandatos de las autoridades bolivianas, entre ellos el del presidente Evo Morales, previsto para el 10 de agosto, inicia una semana crucial con la posibilidad de que los tribunales electorales de regiones disidentes pidan frenar el proceso.
A dos semanas de la consulta popular, en la que Morales, su vicepresidente y nueve prefectos pondrán en juego sus cargos, voceros de algunos tribunales electorales de regiones opositoras al gobierno anunciaron su intención de pedir a la Corte Nacional Electoral (CNE) que detenga el referendo.
El presidente de la corte electoral de Santa Cruz, Orlando Parada, dijo que «hoy nosotros vamos a respaldar que se pare el referéndum para que se dé tiempo a la CNE de encontrar los recursos legales correspondientes» que cobijen legalmente el proceso frente a denuncias de que es inconstitucional.
Parada se sumó así a la corriente liderada por el tribunal electoral de Chuquisaca, cuyo gobierno se opone a La Paz, que el jueves planteó oficialmente a la CNE, de la cual depende, «la suspensión del referéndum revocatorio (…) hasta que el Tribunal Constitucional legalmente conformado se pronuncie sobre la constitucionalidad» de su convocatoria.
El presidente de la Corte de Tarija, Mario Guzmán, anunció que también podría sumarse al pedido.
Previamente una magistrada del disuelto Tribunal Constitucional, que no funciona hace medio año por falta de quórum, se pronunció por frenar el proceso, pedido que aunque no surte ningún efecto jurídico ejerció una fuerte influencia política.
El vicepresidente de la CNE, Jerónimo Pinheiro, dijo a medios locales que se propone plantear hoy en una sesión plenaria del máximo tribunal electoral la suspensión del referendo.
«Creo que es pertinente que este proceso se pueda suspender ya que la ley (del referendo revocatorio) que ha sido promulgada, tiene muchas falencias», dijo Pinheiro a un canal privado de televisión.
En momentos en que está fuertemente embalado en una campaña por su ratificación, el presidente Morales se quejó en un mitin político que «todos se juntan para parar el referéndum revocatorio».
«No es posible que esta estructura neoliberal, el Tribunal Constitucional, cortes departamentales electorales, la señora del Tribunal Constitucional y los prefectos se opongan» a su realización, deploró el mandatario.
Según Morales en el referendo «están en debate dos formas de gobierno: la que defendemos nosotros, que es la nacionalización de los recursos naturales para beneficio de toda la población, y del otro lado, la privatización, el neoliberalismo, el saqueo y la explotación de las grandes mayorías».
El referendo revocatorio fue convocado para intentar desempantanar una difícil crisis en el país por la pugna entre el gobierno central que pretende aprobar un proyecto de Constitución considerado ilegítimo por la oposición, y las regiones, que buscan imponer proyectos autonomistas, considerados como secesionistas por el poder central.
Los medios locales, mayoritariamente adversos a Morales, apoyan también la suspensión del referendo al que califican de ilegal e inconstitucional.
Algunos analistas, como el independiente Roger Cortés, consideran que «el revocatorio es la ruta más cierta a la reafirmación del estancamiento político y, ni en sus proyecciones más optimistas, introduce elementos nuevos capaces de modificar consistentemente el balance de fuerzas».