Nueve países de la Unión Europea (UE), entre ellos España, avanzarán hacia una cooperación reforzada para simplificar los procedimientos de divorcio de las parejas de diferente nacionalidad en Europa, evitando de este modo el veto de Suecia a esta cuestión.
Esta decisión podría despertar el temor de una «Europa a dos velocidades», que ya se observa en ciertos temas como el euro, que comparten actualmente 15 de los 27 países del bloque.
El pedido de cooperación reforzada con el objetivo de establecer reglas comunes sobre los divorcios en los países demandantes fue formalizado durante una reunión de ministros europeos de Justicia en Bruselas.
En la UE se celebran anualmente 350 mil casamientos binacionales y 170 mil divorcios. El proyecto busca dar a ambas partes la libertad de elegir la legislación y la jurisdicción competentes para pronunciar el divorcio, teniendo en cuenta sus ciudadanías y lugar de residencia.
Nueve países (España, Rumania, Hungría, Austria, Francia, Italia, Eslovenia, Luxemburgo y Grecia) están listos para avanzar hacia ese procedimiento denominado de «cooperación reforzada» y enviar una demanda en este sentido a la Comisión Europea.
Otros cinco países (Alemania, Bélgica, Portugal, Lituania y Eslovaquia) «reflexionan» sobre la conveniencia de unirse a esta iniciativa.
En cambio, otros cinco Estados miembros (Polonia, República Checa, Finlandia, Estonia y Letonia) manifestaron sus reticencias a la creación de una «Europa a conveniencia», en la que cada país sólo elija sumarse a lo que le convenga.
De su lado, Suecia decidió no oponerse a esta cooperación reforzada, imitada por otros tres países que no quieren participar en esta iniciativa (Reino Unido, Irlanda y Holanda).
«Suecia no participará en este mecanismo, pero no vemos ninguna razón para bloquearlo», dijo hoy el secretario de Estado sueco de Justicia, Magnus Garner.
«No queremos que los ciudadanos suecos o los habitantes de nuestro país no puedan beneficiarse de la legislación sueca para los divorcios», explicó.
Será la primera vez que se activará este procedimiento complejo, previsto por el artículo 43 del Tratado de la UE.
Denunciado por algunos como el ejemplo de una «Europa a dos velocidades», la «cooperación reforzada» permite que un grupo de por lo menos ocho países pueda lanzar una iniciativa en la UE incluso cuando no quieren participar en el mismo todos los Estado miembros del bloque.
Sin embargo, la ministra de Justicia francesa, Rachida Dati, defendió ese mecanismo como «un medio de comenzar con algunos para convencer a los otros».
«El tema interesa a todos los Estados, sea cual sea su posición, porque toca la vida íntima de las personas», subrayó.
La Comisión Europea puede aceptar o rechazar el pedido. Si acepta, la propuesta debe ser aprobada luego por mayoría calificada de los 27 Estados miembros de la UE.