Directivos de agencias de las Naciones Unidas hicieron un llamado en Panamá para que los países latinoamericanos inviertan más recursos en políticas estructurales que faciliten una inclusión educativa para reducir la pobreza y la exclusión social.
Los responsables de agencias de la ONU hicieron este llamado en el marco de la octava reunión de primeras damas de Centroamérica y República Dominicana, que en esta edición tiene por objetivo debatir procesos de inclusión, accesibilidad y permanencia en los sistemas educativos de la región de aquellos grupos sociales más vulnerables y desfavorecidos.
«En la educación no sólo están excluidos los que ya están fuera de la escuela porque han abandonado o no se han matriculado, sino los que estando dentro no participan realmente porque son discriminados por su género, su origen cultural o sencillamente porque no aprenden», dijo Rosa Blanco, coordinadora regional para América Latina de la Unesco.
Para Blanco, los excluidos del sistema educativo «no van a tener las herramientas para participar en la sociedad, por lo que la exclusión educativa lleva a la exclusión social».
Para la funcionaria de Unesco (Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura), es imprescindible que los países enfrenten de manera integral tanto la exclusión social como la exclusión educativa.
«Hace falta un cambio sistémico donde las políticas sociales y económicas aborden de manera integral los factores que generan la exclusión dentro y fuera de los sistemas educativos. Mientras sólo se haga a través de políticas educativas, no vamos a lograr la verdadera inclusión», dijo.
«Por tanto, es fundamental la implementación de políticas intersectoriales de inclusión que estén relacionadas con la erradicación de la pobreza y el desarrollo», agregó Blanco.
Por su parte, Carmen Rosa Villa, representante regional para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que si bien existe una amplia legislación en los países sobre discapacidad, ello no implica que se esté implementando eficazmente.
«Pese a que el marco constitucional en la mayor parte de los Estados le asigna un porcentaje del presupuesto general a la educación, al otorgársele mayor prioridad a otros sectores, esto no es siempre respetado. Ello trae como consecuencia que no se llegue a cubrir las necesidades exigidas para alcanzar una educación para todos y menos aún las necesidades educativas especiales», dijo Villa.
Para ella los programas tendientes a garantizar las condiciones efectivas de escolaridad de las personas con discapacidad cuentan con «escasos recursos», por lo que abogó por la adopción de medidas «estructurales y eficaces» que «garanticen la enseñanza básica, gratuita y obligatoria a todos los niños y niñas y reconozcan la educación inclusiva como un derecho».
Por su parte, Guillermo Dema, coordinador de la Organización Internacional del Trabajo para Centroamérica, dijo que se necesitan políticas adecuadas a favor de la niñez ya que «no puede pensarse en personas accediendo a trabajos decentes si los niños y niñas no han sido adecuadamente formados».
Según datos aportados en esta cita, por lo menos 50 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad en Latinoamérica, el 10% de la población. Según censos de 2000, el 11,3% en Panamá, el 10,3% en Nicaragua, el 5,4% en Costa Rica, el 2,7% en Honduras, el 1,5% en El Salvador tiene alguna discapacidad.
Según datos del Banco Mundial, el 82% de los discapacitados en la región son pobres y entre el 80 y el 90% están desempleados. En América Latina la tasa de analfabetismo entre las personas con discapacidad se encuentra entre el 40 y el 55%.
Entre los factores que afectan el acceso a la educación de estas personas están la discriminación, las dificultades para acceder al transporte y a las instalaciones escolares, así como las limitaciones en las formas de comunicación y la falta de tutores especiales.