El gobierno colombiano advirtió ayer que sería «supremamente grave» que una delegación de la guerrilla colombiana de las FARC hubiera sido recibida por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, como asegura el diario La Prensa de ese país.
«Es supremamente grave, porque confirma una vez más que el gobierno de Nicaragua asume una posición de protección y colaboración con las FARC, que es supremamente grave para Colombia», dijo a radio Caracol desde Washington el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Camilo Ospina.
En otras declaraciones a medios colombianos, el diplomático añadió que incluirá la información en la denuncia que presentará hoy contra Nicaragua en la OEA.
«Lo vamos a incluir haciendo la salvedad de que nos estamos fundando en la opinión pública», explicó.
Ospina subrayó a Caracol que «si se comprueba la versión y que los guerrilleros llegaron desde Venezuela en un avión de ese país, esos hechos serían una «violación flagrante del derecho internacional».
«Estamos confirmando si eso sucedió, y si fue así quiénes fueron y qué pasó», comentó en Washington el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, mientras que el canciller Jaime Bermúdez dijo no tener «ninguna información oficial» al respecto.
Ospina sostuvo que «el secretario general de la OEA (el chileno José Miguel Insulza) tendrá que hablar con el gobierno nicaragí¼ense» e «intervenir para que (…) cumpla con sus obligaciones internacionales».
La Prensa informó -citando fuentes políticas- que una delegación de seis miembros de las FARC llegó a Managua el 17 de julio procedente de Venezuela en una avioneta tipo Cessna de la petrolera estatal venezolana PVDSA, y se entrevistó con Ortega.
Ospina dijo que si esa entrevista ocurrió, entonces el mandatario se reunió con «un criminal que tiene circular roja de Interpol» (Policía Internacional).
«Lo único que puede hacer es capturarlo. Ahí no hay diálogo que valga, y Colombia por supuesto no acepta ningún tipo de intermediación ni de diálogo con el terrorismo», resaltó.
Mientras el fiscal general, Mario Iguarán, dijo que «si miembros de las FARC están en Nicaragua vamos a solicitar su extradición con base en las órdenes de captura, las acusaciones y las sentencias que tenemos en Colombia».
Bogotá anunció el martes que llevará el caso nicaragí¼ense ante la OEA, por considerar que Managua ha violado la normativa internacional contra el terrorismo.
Ya el pasado 17 de julio, el gobierno colombiano había enviado una nota de protesta a Managua desautorizando un anunciado diálogo de Ortega con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a solicitud del grupo insurgente.
En Managua, el mandatario reaccionó públicamente: «Para luchar por la paz no tenemos que pedirle permiso a nadie», dijo el sábado.
Los dos países mantienen un acalorado contrapunteo desde la incursión militar colombiana en Ecuador, el 1 de marzo, en la que fue abatido el número dos de las FARC, Raúl Reyes, y que derivó en que Quito rompiera relaciones diplomáticas con Bogotá.
Managua concedió asilo político a dos señaladas integrantes de las FARC y a una mexicana que sobrevivieron al ataque, lo que Ospina consideró como una «abierta violación al derecho internacional», tras recordar que el grupo armado reconoció que las asiladas son guerrilleras.