El ministro de la Presidencia de Costa Rica y hermano del presidente í“scar Arias, Rodrigo Arias, suspendió un viaje a Brasil con el fin de responder ante el Congreso por el cuestionado pago de asesorías al margen del presupuesto público, con fondos de donaciones extranjeras.
Mientras aumentan las voces que exigen la renuncia del otro ministro cuestionado en este escándalo, el titular de Vivienda, Fernando Zumbado, Rodrigo Arias comunicó al Congreso que no acompañará al mandatario a Brasil la próxima semana, a efectos de testificar ante la comisión investigadora.
«Deseo reiterarle que estoy a la orden para poder comparecer ante la Comisión en la fecha que usted y los otros diputados miembros de la misma lo estimen pertinente», dijo el ministro Arias en una carta al jefe del comité investigador, diputado José Eduardo Sánchez.
Sin embargo, Sánchez aclaró que el hermano del presidente deberá comparecer cuando sea citado por la comisión legislativa y no cuando él lo proponga.
«Me envió una nota y me dijo que seguro comparecería la próxima semana y le dije: «No, usted va a comparecer cuando la comisión diga que va a comparecer»», expresó Sánchez a la prensa.
«Nosotros somos los que llevamos el ritmo de la investigación», insistió.
Un funcionario que testificó ante el Congreso el lunes atribuyó responsabilidad en los polémicos pagos de asesorías a Rodrigo Arias, en el mayor escándalo en los dos años que lleva el gobierno de su hermano Oscar.
El gobierno pagó consultorías a numerosas personas de su entorno y a funcionarios públicos, pero también a una dirigente de la oposición, con fondos de cooperación extranjera, incluidos 2,5 millones de dólares donados por Taiwán para mejorar un barrio pobre de San José.
El ministro de Vivienda tuvo que dejar temporalmente el cargo mientras avanzan las investigaciones del escándalo develado hace tres semanas, mientras militantes de la principal fuerza opositora, el Partido de Acción Ciudadana, piden la cabeza de la jefa de la agrupación, Epsy Campbell, por haber aceptado un contrato por 9 mil dólares para dar una asesoría técnica al gobierno.
Las asesorías eran pagadas con fondos de donaciones extranjeras depositados en una cuenta en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), desde donde eran girados por el gobierno al margen del presupuesto público.
El lunes testificó ante el Congreso el director costarricense del BCIE, Alfredo Ortuño, que declaró que el hermano del presidente era quien comunicaba al Banco Centroamericano a quién debía contratar para brindar las asesorías.
La Corte Suprema desistió esta semana, en una votación 12 contra 10, de investigar a un juez que también prestó asesorías al gobierno, algo prohibido por la Constitución, lo que levantó criticas al poder judicial.