¿Quién debe tener el control de las armas y por qué regular la compra del número de municiones?, son criterios que todaví­a mantienen distante a la comisión de Gobernación, la Cámara del Agro y la Gremial de Empresas de Seguridad, indicó el parlamentario Aní­bal Garcí­a.

Esa apreciación surgió como resultado de la reunión número 20 y final para discutir la iniciativa de ley de armas y municiones, donde hubo algunas coincidencias sobre la urgencia para dictaminar y aprobar la ley de armas y municiones.

Carlos Enrique Zúñiga, presidente de la Cámara del Agro puntualizó que no es posible que se pretenda vedar la posibilidad de defender la vida, ante un Estado que en estos momentos no está en condiciones de ofrecer las condiciones para trabajar en paz y defender los bienes.

Puso como ejemplo su propiedad donde detonar municiones fue necesario: «porque me estaban robando hasta lo que no tení­a, entonces todas las noches disparan de tres a cuatro cajas de municiones para evitar que entren los cuatreros, para evitar que se roben el maí­z, para evitar que violen a las hijas de mis empleados», resaltó.

«Veinte municiones, 500 municiones yo no sé, el hecho que las municiones, como se dice, se vayan a usos ilegí­timos no es problema ni de los ciudadanos ni de los diputados. Tenemos un aparato de justicia que sencillamente no está cumpliendo con su cometido porque lo que ya sucede es ilegal, achacó Raúl Minondo, presidente de la Gremial de Empresas de Seguridad.

Asimismo no hay consenso para que el Ministerio de Gobernación sea el ente rector del control de armas y municiones, las gremiales asistentes detectan que podrí­a haber debilidad si se traslada a manos civiles dicho control.

En otra intervención se sugirió que las sanciones deben ser drásticas para el que practique el contrabando o utilice armas no autorizadas. Se contempla que no debe haber restricción para registrar armas ni la cantidad de licencias, pues con limitaciones se corre peligro de fomentar el mercado negro, según exposición de Danilo Mirón, de la Asociación constitucional pro derecho de tener y portar armas.

La parlamentaria Elizabeth Donis rechaza que con una licencia una persona pueda comprar hasta 15 mil municiones y dijo poner en tela de juicio si todo ese material para armas de fuego sea destinado para el área rural, porque no hay quién pueda resolver la cuestión, solamente la ley.

Además aseguró estar de acuerdo con que sea el Departamento de Control de Armas y Municiones (DECAM), la institución que siga manteniendo esa vigilancia por la debilidad que muestra el Ministerio de Gobernación.