En el tema de la negociación con Petrocaribe es evidente que el Gobierno está trabajando intensamente en el cabildeo para lograr los votos en el Congreso a fin de obtener la ratificación necesaria para la contratación de la deuda. Sin embargo, el problema mayor está en que pareciera como si esos votos se están consiguiendo por medio de arreglos bajo la mesa con las bancadas mediante procedimientos que recuerdan lo ocurrido en gobiernos como el de Jorge Serrano, cuando se compraban los votos en el poder legislativo.
Creemos que el Gobierno está dejando que los opositores a Petrocaribe tomen la iniciativa y una delantera que puede ser irreparable, sobre todo porque no atinan a hacer una definición de cómo piensan gastar los recursos ni, mucho menos, cuáles serían los mecanismos de fiscalización para lograr que se haga un uso probo del dinero. Confiados en que mediante el arreglo directo con los partidos, como ya se hizo con la Gana y con el FRG, puedan lograr la ratificación legislativa, se han despreocupado del tema de la opinión pública que sigue siendo adverso no sólo por el tema ideológico, que es subyacente en la mayoría de las críticas, sino porque hay demasiada suspicacia que, además, resulta totalmente justificada en cuanto a la forma en que se usarán los fondos.
El gobierno del presidente Colom ha tenido poco interés por generar una propuesta concreta sobre aquellos proyectos en los que se pueden invertir los fondos y cada funcionario que habla menciona lo que se le ocurre, sin que se vea una coordinación que haga suponer que a nivel del régimen existe un criterio uniforme y un plan ya decidido de qué se puede hacer. Unos hablan de pagar deuda, otros de invertir en carreteras, otros más en fortalecer programas para dar dinero directamente a los pobladores de los lugares más pobres y otros mencionan proyectos energéticos. Pero es una enorme dispersión la que se observa y por supuesto que en esas condiciones lo único que se sabe es que ellos mismos no saben aún cómo pueden usar los recursos.
Y si hablamos de los mecanismos de control y fiscalización la cosa es peor. Creemos que si el Gobierno quiere que la gente pueda identificarse con un proyecto así hay que hacerlo concreto. Hoy por hoy, y tomando en cuenta la forma en que están negociando con las bancadas, pareciera como si el acuerdo es para repartirse un pastel al más viejo y tradicional estilo de nuestra política corrupta. Al menos esa es la sensación que deja el comportamiento de un gobierno que se contenta con repartir dinero entre las bancadas para garantizar los votos y ello puede hacer que la opinión pública sea totalmente adversa a la negociación.