Nadie quiere pagar más impuestos y siempre se piensa que los que se aplican son excesivos y que superan la capacidad de pago. En el caso del Impuesto íšnico Sobre Inmuebles, es indiscutible que en Guatemala existe un desorden muy grande al respecto porque mientras propiedades que fueron vendidas a plazos y financiadas por distintas entidades tuvieron que inscribirse con su valor real, la mayoría de bienes inmuebles aparece con valoraciones que son ridículas si las comparamos con el valor de mercado.
Obviamente en las actuales circunstancias de carestía de vida y crisis económica, una notificación que implica pagar cuatro veces o más el impuesto que se pagaba anteriormente tiene que despertar reacciones negativas y eso sucede ahora que la Municipalidad de Guatemala procede al reavalúo de las propiedades. Hoy un grupo de abogados en representación de centenas de clientes, presentó una acción de inconstitucionalidad por el procedimiento que ha seguido la Municipalidad de Guatemala, mismo que será objeto de análisis en la Corte de Constitucionalidad.
Vale la pena decir, sin embargo, que aquellos guatemaltecos que cuando viajan y se deslumbran por la calidad de los servicios públicos en otros países y en ciudades importantes, tienen que entender que esos servicios y la obra de infraestructura no son producto de la casualidad sino resultado de la inversión que se hace con los recursos de los impuestos.
La excusa perfecta siempre será que aquí se roban el dinero y que por ello la gente no paga sus tributos, pero la verdad es que en todas partes se cuecen habas y que los ciudadanos, mientras más pagan, más se preocupan por fiscalizar el uso de los fondos públicos y eso se traduce en mejores mecanismos de control.
Entendemos que en materia de impuesto sobre inmuebles hay mucha tela que cortar porque en Guatemala es mucha la gente que no tiene ingresos suficientes como para mantener un impuesto muy alto. No podemos comparar a los vecinos de la ciudad de Guatemala con los habitantes de otros países más desarrollados y debe entenderse que hay gente mayor que tras años de trabajo logró hacerse de una propiedad y que ahora, en la vejez, no tiene ingresos suficientes para pagar altos impuestos. Casos de excepción hay siempre y en todos lados y merecen ser atendidos como eso, es decir, como casos de excepción.
En general, es muy alta la cantidad de personas que mantiene valores ridículos por sus propiedades y es justo que sean valoradas conforme reglas y normas técnicas adecuadas. No puede ser que casas de la parte más residencial de la zona 14, por ejemplo, paguen menos que viviendas de las colonias de la zona 18.
Por supuesto que todo el proceso tiene que estar, en primer término, basado en ley y por ello conviene que la Corte de Constitucionalidad conozca el caso para superar cualquier deficiencia.