Iniciar el diálogo entre representantes de la empresa cementera que prevé instalarse en San Juan Sacatepéquez y los pobladores de ese municipio, se ha convertido en un trabajo complicado para la Secretarí­a de la Paz (Sepaz).

Orlando Blanco, titular de esa dependencia, señala que para poder iniciar el diálogo, los pobladores solicitan la liberación de los campesinos que fueron detenidos desde la última semana de junio, mientras estaba vigente el Estado de Prevención.

Para poder llevar a cabo el objetivo, se iniciaron los trámites para que los detenidos cuenten con la asistencia de abogados de la Defensorí­a Pública Penal, quienes, además, les representarán ante los tribunales de justicia.

El recurso de exhibición personal será la primera medida a plantear, señaló Blanco, para después continuar con el proceso que demanda la ley.

Las cosas también se complican en el desarrollo del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) que impulsa Sepaz, debido a la supuesta integración de ex paramilitares como beneficiarios de la iniciativa.

Pese a que el resarcimiento económico para las ví­ctimas del conflicto armado interno se está entregando con agilidad, los directivos de la entidad reconocen que existe interés de ex Patrullleros de Autodefensa Civil, para incorporarse a los programas.

César Dávila, director del PNR, refiere que en el municipio de Uspantán, El Quiché, se han emitido denuncias sobre la manipulación que ex miembros de grupos paramilitares han efectuado para recibir un pago de resarcimiento e incluso ser coordinadores regionales del programa.