Organizaciones civiles y sectores de oposición convocaron a los nicaragí¼enses a participar hoy en una nueva manifestación de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega para demandar solución a los graves problemas económicos y políticos del país.
La marcha es promovida por la Coordinadora Civil, que agrupa a más de 600 organizaciones no gubernamentales que trabajan en el área económica, social, política y de derechos humanos en Nicaragua, informó el responsable de prensa de la agrupación, Mario Sánchez.
Bajo el lema «Por una Nicaragua para todos, por el derecho a la vida, a la comida, el trabajo y la participación ciudadana», los organizadores de la protesta esperan reunir en la capital a más de 22 mil personas de todo el país.
Esta es la segunda protesta que convoca la Coordinadora Civil desde junio del año pasado para exigir al gobierno izquierdista de Ortega políticas y acciones concretas que ayuden a superar la pobreza y el desempleo que afecta a miles de nicaragí¼enses.
Este año las ONG suman a sus reclamos la restitución del aborto terapéutico, que la ley prohíbe practicar desde hace 19 meses con penas de cárcel para médicos y mujeres que interrumpen la gestación, aunque sus vidas estén en peligro.
Aunque el gobierno asegura que las muertes maternas no han aumentado desde la vigencia de la ley, un estudio independiente realizado por el centro «Ipas Centroamérica» reveló recientemente que al menos 12 de 30 mujeres fallecidas el año pasado por complicaciones obstétricas, pudieron salvarse con un aborto terapéutico.
Las ONG también demandan que se respete el derecho a la participación ciudadana, que consideran ha sido restringida tras la decisión del tribunal electoral de anular en junio pasado la personería jurídica a dos partidos de oposición.
La medida provocó que miles de opositores nicaragí¼enses salieran el 27 de junio a las calles a protestar contra Ortega, al que acusan de ser el artífice de las exclusiones por el supuesto control que su partido ejerce sobre el aparato estatal.
Las ONG cuestionan, además, la actitud de la empresa privada «de callar y no criticar» la corrupción pública y el cierre de espacios democráticos, para no afectar sus negocios, sobre todo el exportador, que ha sido el sector que más ha crecido el último año.
El presidente Ortega, por su lado, ha desestimado las protestas, porque en su opinión no representan al pueblo, advirtiendo a los grupos convocantes que tengan cuidado de no violar el orden constitucional.
El gobierno sostiene que los convocantes son organizaciones financiadas por la embajada estadounidense para desestabilizar al gobierno del Frente Sandinista y beneficiar a sectores oligárquicos vinculados a la oposición que «desprecian a los pobres».